Un estudio encargado por el Parlamento Europeo para analizar cómo reforzar la lucha contra la piratería de retransmisiones deportivas en directo ha colocado el sistema español de bloqueos de LaLiga bajo el foco. El documento defiende medidas más rápidas y vinculantes contra las emisiones ilegales, pero al mismo tiempo advierte de que los bloqueos por dirección IP aplicados en España han provocado efectos colaterales de gran alcance sobre páginas y servicios legítimos.
Las claves de los bloqueos de LaLiga en 20 segundos
- El estudio propone una respuesta europea más rápida y armonizada contra las retransmisiones deportivas piratas.
- Plantea actuaciones que podrían alcanzar a DNS, CDN, VPN y otros intermediarios.
- El informe utiliza el caso español para advertir del riesgo de bloquear infraestructura compartida.
- OONI detectó 554.507 dominios afectados en algún momento durante partidos de LaLiga.
- La prioridad, según el estudio, debe ser combinar rapidez con proporcionalidad y salvaguardas.
El trabajo, titulado Countering online piracy of sports and broadcast in the EU, fue encargado por el Departamento de Políticas para la Justicia, Libertades Civiles y Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo a petición de su Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI). Está firmado por Giovanni Maria Riccio, profesor de Derecho Comparado de la Universidad de Salerno, con la participación de Fabiola Iraci Gambazza y Gianmarco Marani.
Su conclusión general no cuestiona los bloqueos como instrumento contra la piratería. Más bien ocurre lo contrario: considera que la respuesta europea sigue fragmentada y propone avanzar desde las recomendaciones actuales hacia reglas vinculantes y armonizadas que permitan actuar mientras el evento todavía se está retransmitiendo. Entre las posibilidades estudiadas aparece un plazo máximo de unos 30 minutos, siguiendo el modelo utilizado por el Piracy Shield italiano.
La cuestión que afecta directamente a España está en cómo se ejecutan esas medidas. Bloquear rápido no equivale a bloquear sin límites, especialmente cuando la dirección IP utilizada como objetivo pertenece a una infraestructura que aloja simultáneamente miles de servicios sin relación alguna con la retransmisión ilegal.
España aparece como advertencia sobre los bloqueos por IP
El estudio europeo recoge las conclusiones de una investigación publicada el 30 de junio de 2026 por el Open Observatory of Network Interference (OONI). La organización analizó mediciones realizadas en España entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2026 y efectuó además exploraciones DNS sobre 9,2 millones de dominios.
Los resultados son especialmente relevantes porque aportan cifras al debate que desde 2025 enfrenta a LaLiga con empresas de infraestructura de internet, desarrolladores y propietarios de páginas que aseguran haber sufrido interrupciones coincidiendo con los partidos.
OONI identificó 554.507 dominios que estuvieron afectados en algún momento durante las retransmisiones de LaLiga, alrededor del 5,8 % de los 9,2 millones de dominios examinados. Los investigadores relacionaron estos efectos con el bloqueo de 7.441 direcciones IP pertenecientes a 36 organizaciones de infraestructura y alojamiento.
Entre ellas aparecen Cloudflare, Amazon, Akamai, Meta y Microsoft. El problema técnico es que una dirección IP no representa necesariamente a una única página web. Las redes de distribución de contenidos (CDN), plataformas cloud y sistemas modernos de alojamiento pueden hacer que cientos, miles o incluso más dominios compartan determinadas direcciones.
El dato más llamativo del análisis de OONI refleja precisamente este efecto multiplicador: durante numerosos partidos, el bloqueo de apenas entre 4 y 20 direcciones IP en una ventana de una hora podía afectar a más de 400.000 dominios únicos debido al uso de infraestructura compartida.
No todos eran sitios pequeños o desconocidos. Entre los dominios afectados que OONI documentó figuran páginas vinculadas a Amnistía Internacional, Greenpeace, Cáritas Argentina, el Senado de Australia, medios de comunicación y servicios de mensajería como WeChat y Session. También aparecieron infraestructuras relacionadas con universidades.
El estudio encargado por el Parlamento Europeo considera que estos datos proporcionan evidencia de los efectos colaterales que pueden generar las medidas de bloqueo por IP y plantea dudas desde la perspectiva de la necesidad y proporcionalidad cuando terminan restringiendo el acceso a información y servicios legítimos.
Los bloqueos coinciden estrechamente con los horarios de los partidos
Otro elemento importante del trabajo de OONI es la relación temporal.
Los investigadores comprobaron que en varios operadores españoles los bloqueos comenzaban poco antes del inicio de los encuentros y desaparecían después de su finalización. El patrón fue observado, con diferencias en frecuencia e intensidad, en redes de Telefónica, MásMóvil, Orange, Vodafone, MasOrange y Euskaltel, entre otras.
Telefónica aparece en el estudio de OONI como uno de los operadores que aplicó las restricciones de manera más consistente durante los partidos analizados.
En su red se contabilizaron 144 ventanas de medición en las que el número de dominios afectados superó los 400.000, con máximos de hasta 478.052 dominios en una sola hora. En Orange España se identificaron 103 ventanas por encima de los 400.000 dominios.
OONI aclara además una cuestión metodológica importante: sus cifras deben interpretarse como un límite inferior y no como un inventario completo de todas las páginas que pudieron resultar afectadas. Las mediciones dependen de los puntos de observación disponibles y de los dominios analizados.
El informe también documentó en la red de Digi Mobil comportamientos compatibles con ataques TLS Man-in-the-Middle (MitM) sobre miles de direcciones IP. A raíz de estos resultados, la Asociación de Usuarios y Consumidores de Información (ASUI) anunció en julio una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para que investigase el caso. La existencia de la denuncia no implica por sí misma que la autoridad haya determinado que se produjo una infracción.
Europa quiere bloqueos más rápidos, pero también más controlados
La lectura del informe europeo tiene un matiz importante. El documento no propone abandonar los bloqueos contra las retransmisiones piratas por los problemas detectados en España.
Su planteamiento es reforzarlos y armonizarlos, pero acompañándolos de controles que reduzcan el riesgo de daños sobre terceros.
La Comisión Europea ya había advertido anteriormente de que el bloqueo de direcciones IP presenta un riesgo mayor de sobrebloqueo porque una misma IP puede estar asociada a un número variable de páginas web. Entre las salvaguardas estudiadas en Europa se encuentran las listas blancas de servicios que no deben bloquearse, mecanismos rápidos de desbloqueo cuando se produce un error y supervisión de la proporcionalidad y eficacia de las medidas.
La experiencia española resulta especialmente útil para entender el problema. Una orden dirigida contra una retransmisión ilegal puede ser jurídicamente legítima y, sin embargo, su aplicación técnica causar consecuencias que van mucho más allá del objetivo original si se bloquea una dirección compartida por miles de servicios.
El nuevo estudio propone además que la actuación contra la piratería no se limite a los operadores tradicionales de acceso a internet. Dependiendo del caso, las obligaciones podrían alcanzar también a resolutores DNS, proveedores de VPN, CDN y otros intermediarios utilizados para distribuir o acceder a las retransmisiones ilegales.
Esto ampliaría considerablemente la capacidad de actuación, pero también aumenta la importancia de disponer de procedimientos de supervisión y recurso.
El propio análisis de la Comisión Europea sobre la aplicación de su Recomendación de 2023 ya había mencionado expresamente las controversias relacionadas tanto con el Piracy Shield italiano como con las medidas adoptadas en el caso LaLiga/Telefónica en España. La Comisión reconocía que el riesgo de sobrebloqueo es mayor cuando las restricciones se realizan a nivel de IP y señalaba la necesidad de adaptar las salvaguardas al mecanismo técnico empleado.
El estudio del Parlamento Europeo añade ahora nuevos argumentos a ese debate. La discusión europea ya no gira únicamente alrededor de si se debe bloquear la piratería deportiva, sino de cómo conseguir que una actuación diseñada para cortar una emisión ilegal en cuestión de minutos no deje inaccesibles al mismo tiempo cientos de miles de recursos legítimos.
También conviene precisar el alcance político del documento: se trata de un estudio encargado por el Parlamento Europeo, no de una nueva ley europea aprobada. Sus propuestas pueden alimentar futuros cambios legislativos, pero los plazos de 30 minutos y el resto de recomendaciones no constituyen actualmente una obligación general aplicable en toda la Unión Europea.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice el Parlamento Europeo sobre los bloqueos de LaLiga?
Un estudio encargado por el Parlamento Europeo recoge los datos de OONI sobre los efectos colaterales de los bloqueos por IP realizados en España durante partidos de LaLiga. Advierte de los problemas de necesidad y proporcionalidad que pueden surgir cuando las medidas afectan también a contenidos y servicios legítimos.
¿Cuántos dominios fueron afectados por los bloqueos?
OONI identificó 554.507 dominios afectados al menos en algún momento durante las retransmisiones analizadas. Representan aproximadamente el 5,8 % de los 9,2 millones de dominios incluidos en su estudio.
¿Quiere la Unión Europea prohibir los bloqueos por IP?
No. El estudio propone reforzar las medidas contra la piratería en directo, incluidas las órdenes dinámicas de bloqueo, pero reclama salvaguardas que reduzcan los daños sobre contenidos legítimos. La propia Comisión Europea reconoce que bloquear direcciones IP conlleva un riesgo superior de sobrebloqueo.
¿Europa obligará a bloquear retransmisiones piratas en 30 minutos?
Todavía no. El estudio plantea un límite de este tipo como posible referencia para una futura regulación armonizada, tomando como ejemplo el modelo italiano. Es una recomendación del informe, no una norma europea actualmente en vigor.
