Durante años, Digi ha sido una de las grandes fuerzas que han empujado a la baja el precio de la fibra en España. Su estrategia comercial, muy agresiva en tarifas y muy centrada en ganar cuota, ha obligado al resto del sector a mover ficha, ajustar precios y reforzar promociones. Pero esa misma política de precios ha acabado llevando a la operadora rumana al centro de una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una posible práctica de precios predatorios, una acusación grave que, si prospera, podría reabrir por completo el debate sobre cuánto debería costar realmente conectarse a internet en España.
La denuncia parte de Acutelan, la asociación que representa a operadores locales y regionales. Según la organización, hay indicios de que Digi estaría ofreciendo determinadas tarifas por debajo de su coste variable con el objetivo de dificultar la supervivencia de sus competidores o expulsarlos del mercado. La asociación ha pedido al regulador que abra una investigación formal y que analice, entre otras cosas, las condiciones mayoristas reales de acceso a red, los costes de instalación, equipos y mantenimiento, y el margen real de las ofertas cuestionadas.
Qué significa realmente hablar de precios predatorios
No toda oferta muy barata es ilegal. En competencia, los llamados precios predatorios no se refieren simplemente a vender barato o a apretar márgenes para captar clientes. La clave está en vender por debajo del coste de forma sostenida con la intención de eliminar rivales y, una vez debilitado el mercado, quedarse con una posición más fuerte. Por eso demostrar una conducta así no es sencillo: no basta con decir que un precio es “demasiado bajo”, sino que hay que probar que no es económicamente replicable para un operador igualmente eficiente y que existe una lógica de exclusión competitiva.
Ese es precisamente el núcleo de la denuncia de Acutelan. La asociación sostiene que algunas ofertas de Digi, especialmente en fibra, se sitúan en niveles que muchos operadores regionales no pueden igualar sin entrar en pérdidas. Su argumento no es que la competencia en precios sea ilegítima, sino que existe una frontera entre competir con eficiencia y competir asumiendo déficits que otros actores no pueden soportar durante mucho tiempo. Según esa tesis, el problema no sería una promoción puntual, sino una estrategia sostenida con capacidad de alterar la estructura del mercado.
La CNMC tendrá que decidir si hay base suficiente para investigar
A día de hoy, lo que existe es una solicitud de investigación, no una resolución ni una sanción. La CNMC deberá decidir si admite a trámite la denuncia y si ve base suficiente para abrir un expediente más profundo. Ese paso es importante porque una investigación de este tipo no se resuelve con una simple comparación de tarifas visibles al público: exige entrar en la contabilidad real del operador, en su estructura de costes y en la relación entre su red propia, sus acuerdos mayoristas y su gasto comercial.
Acutelan también ha pedido medidas provisionales proporcionadas, alegando riesgo de “daño competitivo irreversible” mientras se tramita el caso. Ese matiz es revelador: la asociación teme que, si el proceso se alarga durante años, cuando llegue una eventual decisión regulatoria ya sea demasiado tarde para muchos operadores pequeños, especialmente en zonas donde la competencia depende de redes regionales o locales. La discusión, por tanto, no es solo jurídica. También es política y económica: cuánto debe protegerse el beneficio inmediato del consumidor frente al riesgo de que desaparezcan actores que hoy sostienen parte del tejido digital en muchos municipios.
Digi niega que venda por debajo del coste
La otra parte de la historia también importa. Distintos medios que han recogido la controversia señalan que Digi rechaza estas acusaciones y defiende que su modelo es sostenible y rentable, apoyado en una fuerte inversión en infraestructura propia en España. Según esa versión, sus precios no responderían a una venta a pérdidas, sino a una estructura de costes más eficiente y a una estrategia de crecimiento basada en el despliegue de red y en la simplificación comercial.
Ese punto no es menor, porque Digi lleva tiempo reivindicando precisamente esa posición: que puede ofrecer tarifas más bajas porque su estructura es distinta a la de otros operadores tradicionales. De hecho, la compañía anunció a finales de 2025 que no subiría precios en 2026, desmarcándose de otros grandes grupos del sector. Eso refuerza su imagen de operador low cost ante el cliente, pero también aumenta la presión sobre sus rivales y alimenta el conflicto con quienes creen que esa política ha cruzado el umbral de lo sostenible.
Lo que está en juego para el usuario
Para el consumidor, el asunto puede parecer contradictorio. A corto plazo, las tarifas baratas benefician claramente al cliente. Han permitido que la guerra comercial en fibra y móvil abarate recibos y empuje a otros operadores a reaccionar. Pero los denunciantes sostienen que, si esa dinámica acaba expulsando a operadores regionales y reduciendo el número real de competidores, el efecto a medio plazo podría ser el contrario: menos opciones, menos presión competitiva y más margen para que los grandes grupos vuelvan a endurecer precios.
Esa es la gran pregunta de fondo. Si la CNMC concluyera que no hay precios predatorios, Digi saldría reforzada y su modelo low cost ganaría legitimidad frente a las críticas del sector. Si, por el contrario, el regulador apreciara indicios sólidos y exigiera cambios, el mercado podría entrar en una nueva fase donde las ofertas ultraagresivas perdieran parte de su margen. Y eso, inevitablemente, afectaría a lo que paga el usuario final.
De momento, no hay sentencia sobre el futuro de la fibra barata en España. Pero sí hay una señal clara: la guerra de precios ha llegado a un punto en el que ya no solo se discute en anuncios y promociones, sino también en términos de competencia, costes reales y supervivencia del mercado. Y cuando una disputa comercial entra en ese terreno, lo que está en juego deja de ser solo una oferta de 10 euros o 15 euros. Lo que se discute, en realidad, es qué tipo de mercado quiere España para su banda ancha de los próximos años.
Preguntas frecuentes
¿Qué son los precios predatorios en telecomunicaciones?
Son precios supuestamente fijados por debajo del coste con la intención de expulsar competidores o impedir que otros entren en el mercado. No basta con ser barato: hay que demostrar que la oferta no cubre costes y que existe una lógica de exclusión competitiva.
¿Quién ha denunciado a Digi ante la CNMC?
La denuncia ha sido impulsada por Acutelan, la asociación de operadores locales y regionales, que pide al regulador investigar si algunas ofertas de Digi incurren en precios predatorios.
¿La CNMC ya ha sancionado a Digi?
No. Por ahora, lo que existe es una solicitud de investigación. La CNMC debe decidir si abre o no un expediente formal.
¿Digi admite que venda fibra por debajo de coste?
No. Según medios que han recogido su posición, Digi defiende que su modelo es legal, rentable y sostenible gracias a su inversión en red propia y a una estructura más eficiente.
vía: adslzone.net
