Google ha utilizado los bloqueos de direcciones IP aplicados en España durante los partidos de fútbol como ejemplo de los daños que puede provocar una política antipiratería dirigida contra la infraestructura compartida de internet. La compañía sostiene que estas medidas han perjudicado a plataformas, servicios cloud, API y páginas de pequeñas empresas que no guardaban ninguna relación con las retransmisiones ilegales.
La posición aparece en una contribución remitida el 03/07/2026 a la Comisión Europea, dentro de la consulta previa a la revisión de la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital. Google no menciona expresamente a LaLiga en el pasaje dedicado a España, pero habla de un bloqueo ordenado por un tribunal a petición de una “liga deportiva”, una referencia que encaja con las medidas aplicadas por los operadores españoles para impedir el acceso a emisiones de fútbol no autorizadas.
Las claves de la posición de Google en 20 segundos
- Google considera que bloquear IP compartidas puede dejar fuera de servicio miles de webs legales.
- La compañía cita el caso español promovido por una liga deportiva.
- También cuestiona que las órdenes se extiendan a CDN, DNS públicos y servicios VPN.
- El bloqueo no elimina el contenido pirata de su servidor original.
- Los infractores pueden cambiar de IP, proveedor, DNS o red de acceso.
- Google pide utilizar estas medidas únicamente como último recurso.
- Reclama que los jueces revisen las pruebas y los posibles daños a terceros.
- Los usuarios afectados deberían conocer el motivo del corte y disponer de una vía rápida de reclamación.
- Las órdenes tendrían que estar limitadas en el tiempo y dirigirse a la capa técnica adecuada.
- LaLiga defiende que sus bloqueos cuentan con autorización judicial y son necesarios para proteger sus derechos audiovisuales.
El escrito supone la intervención más clara de Google en un debate que hasta ahora había enfrentado principalmente a LaLiga con Cloudflare, empresas de alojamiento, proyectos web y organizaciones defensoras de una internet abierta. La tecnológica amplía el problema: considera que la tendencia europea a involucrar a proveedores de DNS, redes privadas virtuales y grandes plataformas de infraestructura puede causar daños desproporcionados sin acabar realmente con la fuente de la piratería.
Por qué bloquear una dirección IP puede afectar a miles de webs
Una dirección IP ya no equivale necesariamente a una página o a un servidor concreto. Las redes de distribución de contenidos, los servicios de protección frente a ataques y las plataformas cloud utilizan direcciones compartidas para atender simultáneamente numerosos dominios.
Cuando un operador bloquea una de esas IP porque ha detectado una retransmisión ilegal, puede impedir también el acceso a todas las páginas legítimas que pasan por la misma infraestructura. El usuario solo percibe que una web, una aplicación o una API ha dejado de responder, aunque su propietario no haya publicado fútbol ni conozca al servicio infractor.
Este diseño compartido resulta habitual en proveedores como Cloudflare, pero también en plataformas de alojamiento, redes de entrega, balanceadores y servicios gestionados. Permite repartir tráfico, absorber ataques y aprovechar mejor el limitado espacio de direcciones IPv4.
El problema se agrava con los bloqueos dinámicos durante acontecimientos en directo. Las listas de IP pueden actualizarse poco antes o durante un partido, cuando queda poco tiempo para verificar qué otros servicios dependen de cada dirección. El perjuicio aparece de inmediato y puede desaparecer al terminar la jornada, lo que dificulta que los afectados documenten el fallo o consigan una respuesta.
Google afirma que existe un historial suficiente para acreditar el daño. En su documento señala que el caso español llegó a afectar a plataformas de terceros, servicios cloud, interfaces de programación y webs de pymes. No identifica cada servicio ni cuantifica el número de páginas perjudicadas, pero lo presenta junto a episodios similares ocurridos en Italia, Francia y Portugal.
La compañía sostiene además que bloquear la IP no retira el vídeo del servidor ni desmantela la organización que lo distribuye. El contenido puede reaparecer desde otra dirección, una nueva CDN o un dominio diferente. También es posible sortear determinados bloqueos utilizando otro proveedor de DNS, una VPN o una red de acceso que todavía no haya aplicado la orden.
Esta facilidad para cambiar de infraestructura genera una carrera entre titulares de derechos e infractores. La lista de bloqueo crece, pero las emisiones vuelven a aparecer y las direcciones utilizadas durante unas horas pueden regresar después a servicios legítimos.
Google pide no dirigir las órdenes contra CDN, DNS y VPN
La propuesta de Google no consiste en abandonar la lucha contra la piratería. La compañía defiende mecanismos como la retirada en origen, la desindexación de resultados, la detección de emisiones dentro de YouTube y el bloqueo de los ingresos publicitarios o financieros de las páginas dedicadas a distribuir contenidos ilegales.
Google afirma que procesa millones de solicitudes de retirada en su buscador, mantiene programas especiales para titulares de derechos y rebaja la visibilidad de los dominios que acumulan numerosas reclamaciones válidas. En YouTube utiliza Content ID, herramientas de coincidencia y análisis de emisiones en directo para detectar material protegido.
Su desacuerdo aparece cuando la orden se desplaza hacia proveedores que no alojan directamente la retransmisión. El documento menciona tres capas especialmente sensibles:
| Infraestructura | Riesgo del bloqueo |
|---|---|
| Dirección IP | Puede estar compartida por numerosos dominios y aplicaciones |
| CDN o proxy inverso | Oculta y protege múltiples servidores de clientes diferentes |
| DNS público | Un bloqueo puede impedir resolver un dominio completo |
| VPN | Puede transportar tráfico legal e ilegal de numerosos usuarios |
| Plataforma cloud | Una misma red puede alojar API, empresas y servicios distintos |
Google considera que estas infraestructuras globales no deberían ser el primer objetivo. Antes habría que intentar identificar al operador de la web, al proveedor de alojamiento o al servidor desde el que se distribuye el contenido.
La compañía plantea que quien solicite una orden demuestre que ha intentado contactar con el infractor, que la retirada en origen no ha funcionado y que otras medidas menos invasivas resultan insuficientes. Solo después debería valorarse un bloqueo en la red de acceso.
También pide que los tribunales no se limiten a trasladar automáticamente las listas aportadas por los titulares de derechos. Según su propuesta, deberían comprobar la titularidad de las obras, la existencia de la infracción, el daño alegado y el efecto probable sobre usuarios, intermediarios y terceros.
El escrito utiliza una expresión especialmente crítica: los jueces y organismos administrativos no deberían convertirse en simples “buzones” de los titulares de derechos. Google reclama una revisión individual y una evaluación de proporcionalidad antes de que una petición privada termine convertida en una orden de bloqueo.
Transparencia y una vía rápida para las webs afectadas
Uno de los problemas de los bloqueos aplicados desde el operador es la falta de información. Una página puede quedar inaccesible para parte de los usuarios españoles sin que su responsable reciba un aviso, conozca la IP incluida en la lista o sepa a qué organismo debe reclamar.
El error puede confundirse con una caída del servidor, un ataque, un fallo del proveedor cloud o un problema de configuración. La investigación consume tiempo y dinero, especialmente en una pequeña empresa que no dispone de un equipo especializado en redes.
Google propone que las decisiones se publiquen, que los usuarios conozcan por qué se ha restringido el acceso y que los terceros afectados puedan pedir la suspensión inmediata de una medida cuando acrediten un daño directo.
Las órdenes deberían incluir también una duración concreta. En el caso de un evento deportivo, no tendría sentido mantener indefinidamente una restricción concebida para impedir una retransmisión de unas horas. Cualquier ampliación tendría que pasar de nuevo por una revisión judicial que examine su eficacia y sus consecuencias.
La tecnológica plantea además compartir los costes de ejecución entre los titulares de derechos y los intermediarios. Su razonamiento es que obligar a operadores, VPN o proveedores de DNS a asumir toda la carga puede incentivar solicitudes excesivamente amplias y trasladar el coste a servicios que no participan en la infracción.
Las propuestas se apoyan en el Reglamento de Servicios Digitales, cuyo artículo 9 establece condiciones mínimas para las órdenes dirigidas contra contenidos ilegales. Google también recuerda que la legislación europea prohíbe imponer a los intermediarios una obligación general de supervisar todo el tráfico.
LaLiga mantiene su ofensiva contra la infraestructura de internet
La posición de Google choca con la estrategia defendida por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital. Ambas sostienen que las emisiones ilegales se apoyan en servicios de CDN, alojamiento, DNS y VPN para ocultar sus servidores, cambiar rápidamente de dirección y dificultar la ejecución de las resoluciones judiciales.
LaLiga ha acusado a Cloudflare de no actuar ante las notificaciones recibidas y de proporcionar infraestructura a páginas piratas. Cloudflare responde que las órdenes españolas provocan censura colateral al afectar a dominios legales que comparten direcciones con los infractores. La disputa ha llegado a los tribunales y se ha extendido a otros intermediarios tecnológicos.
En febrero de 2026, un juzgado de Córdoba acordó medidas cautelares para que NordVPN y ProtonVPN bloqueasen determinadas direcciones relacionadas con emisiones no autorizadas. La resolución refleja cómo la lucha contra la piratería deportiva está dejando de concentrarse en las webs y alcanza cada vez más capas de la conexión.
LaLiga sostiene que sus bloqueos están respaldados por los tribunales, se aplican durante periodos limitados y buscan combatir un negocio que perjudica el valor de sus derechos audiovisuales. Para la organización, proveedores como Cloudflare no son meros espectadores cuando sus sistemas ocultan o distribuyen tráfico procedente de plataformas infractoras.
Google tiene, por su parte, intereses directos en el debate. Opera Google Public DNS, Google Cloud, servicios de alojamiento, plataformas de vídeo y uno de los principales buscadores del mundo. Una extensión de las órdenes contra DNS, cloud o infraestructura compartida puede afectar a sus productos y aumentar sus obligaciones técnicas y legales.
Su escrito no representa por tanto una posición neutral, aunque plantea un problema técnico real: internet utiliza cada vez más recursos compartidos, mientras algunos sistemas de bloqueo siguen tratando una IP como si perteneciera a un único responsable.
Bruselas deberá elegir entre rapidez y proporcionalidad
Las retransmisiones deportivas en directo obligan a actuar con rapidez. Un vídeo retirado después del partido ya ha causado la mayor parte del perjuicio económico, por lo que los titulares buscan mecanismos capaces de responder en minutos.
Esa velocidad reduce el margen para comprobar si una dirección aloja otros servicios o si continúa vinculada al infractor. La dificultad consiste en impedir la emisión sin convertir la red de acceso en un sistema de bloqueo automático controlado mediante listas privadas.
Google pide a la Comisión Europea que no utilice los modelos más agresivos como referencia para una futura armonización. Prefiere que Bruselas refuerce las garantías ya previstas: proporcionalidad, supervisión judicial, transparencia, derecho de recurso y actuación en la capa más próxima al contenido.
La discusión no enfrenta simplemente a quienes combaten la piratería con quienes defienden una internet sin reglas. El desacuerdo está en cómo localizar al responsable, qué intermediario debe actuar y cuánto daño colateral resulta admisible para proteger una retransmisión.
El caso español ha adquirido dimensión europea porque muestra las consecuencias de aplicar bloqueos de IP sobre una red construida alrededor de servicios compartidos. Que Google lo haya incluido en su respuesta formal a la Comisión aumenta la presión para revisar un sistema que hasta ahora se había discutido principalmente entre LaLiga, operadores, proveedores tecnológicos y páginas afectadas.
Preguntas frecuentes
¿Google ha acusado directamente a LaLiga?
El documento no escribe su nombre. Habla de un bloqueo ordenado por un tribunal español a petición de una liga deportiva, con efectos sobre plataformas, cloud, API y webs de pymes.
¿Google se opone a todos los bloqueos contra la piratería?
No. Defiende que se utilicen de manera subsidiaria, con revisión judicial y después de intentar retirar el contenido en origen mediante medidas menos perjudiciales.
¿Por qué una IP pirata puede estar vinculada a páginas legales?
Porque CDN, proveedores cloud y servicios de protección utilizan direcciones compartidas para atender muchos dominios. Bloquear una sola IP puede interrumpir todos ellos.
¿Qué propone Google para los afectados?
Transparencia sobre las órdenes, información sobre el motivo del bloqueo y un procedimiento rápido para impugnar o suspender medidas que perjudiquen a terceros legales.
Fuentes:
- Google, contribución a la consulta de la Comisión Europea sobre derechos de autor, inteligencia artificial y lucha contra la piratería, 03/07/2026.
- bandaancha.eu
