La guerra de la fibra no solo se libra en las ofertas comerciales. También ocurre —y mucho— en lo que no se ve: arquetas, cámaras, conductos y postes. Esa infraestructura civil es el “metro cuadrado” real de las telecomunicaciones. Y cuando un operador despliega fibra usando esos elementos sin autorización (o sin regularizarlo), el conflicto no es solo técnico: es regulatorio, económico y, en último término, puede terminar golpeando al usuario final si hay que desmontar cables en la calle.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha introducido cambios para endurecer el marco de regularización de “ocupaciones indebidas” en la infraestructura pasiva de Telefónica, dentro de la oferta mayorista MARCo (la referencia que usan otros operadores para acceder legalmente a registros, conductos y postes). La idea de fondo es clara: desincentivar despliegues irregulares, acelerar regularizaciones y dar más herramientas para que Telefónica recupere costes cuando detecta tendidos instalados “por las malas”.
Qué significa “ocupar” conductos sin permiso (y por qué es un problema)
Cuando se tiende fibra, no basta con tirar cable: hay que pasar por canalizaciones existentes, apoyarse en postes, instalar CTOs, entrar y salir de arquetas… Si un operador usa infraestructura ajena sin contrato, sin registro o sin respetar el procedimiento, está ocupando un recurso limitado.
Y limitado no es una metáfora. La CNMC recuerda que las ocupaciones indebidas pueden bloquear el acceso de terceros y se realizan sin la evaluación técnica adecuada, lo que introduce riesgos para la integridad y durabilidad de la infraestructura.
La “clave” del endurecimiento: si no pruebas la fecha, se presume hasta 5 años
Uno de los puntos que más titulares va a generar es el mecanismo para fijar desde cuándo se considera la ocupación irregular.
En el esquema que se incorpora al contrato-tipo de regularización, el operador señalado debe acreditar documentalmente la fecha de ocupación con pruebas como:
- fotografías del despliegue con metadatos,
- licencias municipales,
- facturas/presupuestos de instaladores que identifiquen infraestructuras afectadas,
entre otras.
Si no aporta pruebas “fehacientes” en el plazo previsto (se menciona un plazo de 2 meses en el contrato-tipo), la ocupación puede computarse por defecto como realizada durante los 5 años previos al momento en que se detectó o se comunicó por primera vez.
En términos prácticos: si no puedes demostrar “cuándo empezaste”, el cálculo económico puede volverse muy duro.
Telefónica podrá cobrar también los costes de detectar la ocupación
Otro cambio relevante: no se trata solo del “alquiler” del conducto/poste ocupado. La CNMC avala que se repercutan costes por la tarea de detección (inspecciones, identificación del cable, evidencias fotográficas, documentación en sistemas…), y considera que ese cobro está justificado. Se describe incluso una referencia de precio ligada al replanteo conjunto de MARCo con un incremento del 10 %.
Esto es importante porque cambia el incentivo: antes, para algunos actores, el “riesgo” podía parecer asumible. Si además pagas detección y regularización bajo presión, la ecuación se vuelve menos atractiva.
Si no se retira a tiempo, Telefónica podrá desinstalar cables en 2 meses
La CNMC también contempla escenarios en los que el operador señalado no desinstala su tendido irregular en plazo. En varios supuestos, se fija que, si no se levanta el tendido en 2 meses, Telefónica podrá desinstalarlo.
Y tras el levantamiento, se prevé comunicación con los costes a pagar y un plazo (por ejemplo, 15 días) para que el operador retire sus equipos del lugar indicado.
Aquí está la parte que inquieta a cualquiera que solo quiere “que Internet funcione”: desmontar cables en vía pública no es una operación inocua. La propia CNMC reconoce el impacto potencial sobre usuarios cuando el propietario del tendido no se identifica o cuando el proceso se atasca.
Reincidentes: más castigo… pero con un umbral para evitar “desproporciones”
Otra novedad es el tratamiento a operadores que regularizan, pero vuelven a caer en ocupaciones indebidas. Se plantea que Telefónica pueda modificar condiciones del contrato MARCo para restringir nuevas solicitudes y dejar solo la vía de trámites orientados a regularizar (SUC).
Sin embargo, se introduce un matiz clave para que no sea una “pena de muerte” automática: un umbral del 1 % (calculado por tipo de infraestructura y en relación con la planta activa del operador) para valorar proporcionalmente la gravedad de ocupaciones no declaradas.
¿Esto es nuevo o viene de lejos?
La CNMC recuerda que ya en 2021 se aprobaron procedimientos de regularización, y que Telefónica planteó cambios posteriores para endurecer el esquema. En paralelo, se refleja que, según los datos aportados y analizados, las incidencias por ocupación irregular registradas en NEON han venido bajando de forma significativa en los últimos años.
¿Qué debería mirar un usuario normal?
Aunque todo esto suene “a pelea entre operadores”, el usuario tiene dos preocupaciones reales:
- Riesgo de cortes o incidencias puntuales si un tendido acaba desmontándose.
- Posible impacto en competencia local: operadores pequeños que desplegaron rápido en su momento pueden encontrarse con costes retroactivos o limitaciones para crecer si reinciden.
En teoría, el objetivo es justo el contrario: ordenar el uso de la infraestructura compartida para que no haya “ocupas” ni bloqueos técnicos que perjudiquen a terceros. En la práctica, el equilibrio dependerá de cómo se aplique: rapidez, pruebas, plazos y coordinación para que el cliente final no pague el precio de una disputa que ni entiende ni provocó.
Preguntas frecuentes
¿Qué es MARCo y por qué aparece en esta historia?
MARCo es la oferta mayorista que regula cómo otros operadores pueden usar legalmente conductos, registros y postes de Telefónica para desplegar fibra.
¿De verdad pueden cobrar “5 años” de golpe?
Si el operador señalado no acredita la fecha de inicio de la ocupación con pruebas válidas, el marco contempla que se compute por defecto como una ocupación de hasta 5 años previos a la detección, a efectos de cálculo de costes.
¿Puede esto dejar a clientes sin servicio?
En determinados supuestos, si no se regulariza o no se retira el tendido en plazo, se prevé que Telefónica pueda desinstalar cables. Eso puede tener impacto sobre usuarios si su operador depende de esos tramos.
¿Afecta también a grandes operadores o solo a los pequeños?
La resolución trata el problema de forma general. Introduce además criterios de proporcionalidad (como el umbral del 1 %) para no penalizar igual a operadores con volúmenes de despliegue muy distintos.
vía: bandaancha.eu y CNMC
