La fotografía es incómoda para muchos operadores de proximidad: en cuanto Digi despliega su fibra Smart en una comarca, la tabla de precios se derrumba. 500 Mb por 10 € al mes es un umbral que deja sin aire a centenares de telecos locales que, con márgenes ajustados y capilaridad en municipios pequeños, llevaban años sosteniendo la conectividad de su zona. No es casual que Acutelan —la asociación que agrupa a 400 operadores e infraestructuras locales— haya pedido a la CNMC que investigue el modelo comercial de Digi: quieren saber si vende por debajo de coste y si hay indicios de abuso que pueda encajar en la Ley de Defensa de la Competencia.
Mientras Movistar, MásOrange y Vodafone activan sus conocidas “tarifas anti-Digi” —ofertas agresivas que solo aparecen si visitas su web desde una conexión de Digi—, el avance de la operadora rumana ha pasado de ser un problema para las grandes a convertirse en una amenaza existencial para las pequeñas. El mapa de Smart compartido por la comunidad ya marca más de 385 poblaciones con red propia y trabajos en otras 90. No hablamos solo de capitales; también de núcleos pequeños como El Rompido (Huelva), con poco más de 2.100 habitantes. Y cada nuevo punto en el mapa aprieta el tornillo de la guerra de precios.
El caso Digi, explicado sin atajos
Digi llegó a España en 2008 como OMV, alquilando red móvil y, posteriormente, acceso de fibra a terceros. En los últimos años ha girado el timón: despliegue de fibra Smart, RAN sharing con Telefónica y encendido de 5G propio con 100+20 MHz en 3,6 GHz (Telefónica aporta 100, Digi 20), suficiente para velocidades teóricas de 3,2 Gbps y latencias de 8–12 ms en SA. Con infraestructura compartida ahorra hasta un 40 % de capex frente a un despliegue tradicional. Resultado: crece más rápido, reduce costes unitarios y consolida una tabla de precios ultra low cost que el resto persigue con la lengua fuera.
Los números más recientes apuntan a un ascenso meteórico: Digi ha superado los 8–9 millones de líneas en España, con centenares de miles de portabilidades netas y altas de fibra al trimestre. Pero el cuadro tiene sombras: 2022 y 2023 registraron pérdidas; 2024–2025 muestran beneficios y nuevo apalancamiento (créditos sindicados por 275 M€, ampliaciones de préstamos) para refinanciar y seguir invirtiendo. ¿Es sostenible vender a 10 €? Para un operador sin lastres heredados, con economías de escala y compartición, puede cuadrar a corto/medio plazo. Para una teleco de barrio con 3.000 abonados, no.
¿Competencia o “dumping rapaz”? Lo que puede (y no) investigar la CNMC
El mantra regulatorio es claro: precios bajos benefician al consumidor salvo que sean predatorios (venta a pérdida sistemática con el objetivo de expulsar rivales y subir precios después) o haya abusos de posición de dominio. Dicho de otro modo: no está prohibido ser barato; sí lo está reventar márgenes para barrer el mercado y cerrar después el grifo.
¿Qué puede hacer la CNMC? Abrir una información reservada para analizar costes y estructuras:
- Coste incremental medio a largo plazo: si el precio de Digi cae por debajo de ese coste, hay bandera amarilla.
- Evidencias de plan predatorio: mapeo de precios en zonas con y sin Smart, elasticidad de entrada/salida, evolución del ARPU.
- Efectos de exclusión: si las locales desaparecen de un área y el mercado acaba en manos de 1–2 operadores, el regulador puede ver incentivo y capacidad de recuperación de pérdidas (subida de precios) a medio plazo.
Ojo: vender por debajo de coste no basta para sancionar. Hace falta intención y probabilidad de expulsar a competidores eficientes. Y Digi —hoy— no es dominante en el mercado nacional. El terreno jurídico, por tanto, es estrecho. Pero no inexistente: la segmentación geográfica (micro-mercados) y la comparación de precios costeados por zona serán claves.
El ángulo que duele: servicio, empleo y tejido productivo
Quien vea este debate solo como una batalla de tarifas se pierde la mitad del cuadro. Las telecos locales han sido, durante años, el tejido capilar que llevó fibra a calles donde los grandes tardaron en llegar, sosteniendo empleo y servicio de proximidad: atención cara a cara, despliegues quirúrgicos, patrocinio de iniciativas locales. Cuando el precio se convierte en el único criterio, desaparecen modelos que aportaban valor —y redundancia— al ecosistema.
¿Es un problema público si quiebran 50 operadores comarcales? Para el consumidor urbano, quizá no. Para municipios medianos o rurales, sí: menos alternativas, menos inversión y más dependencia de 3–4 marcas con centros de decisión lejos. La continuidad del servicio —ante averías, obras, eventos climáticos— suele ser mejor cuando hay diversidad de operadores.
La calidad “obligatoria” y el coste oculto de sostenerla
La CNMC ha endurecido en 2025 las exigencias de calidad: sondas en todas las CC. AA. donde un operador lanza ofertas, métricas de latencia, jitter, pérdida y cobertura 5G. Vodafone y Digi —entre otros— han protestado por el coste del despliegue de esa instrumentación. Pero el argumento de fondo es impecable: si se compite en precio, el regulador debe asegurar que no se compite a costa de degradar el servicio. Este es otro vector que las locales esgrimen: sostener SLAs comarcales con brigadas y stock cercanos cuesta.
¿Qué pasará si la CNMC actúa?
Tres escenarios plausibles:
- No hay evidencia de predación → el mercado sigue libre, con presión a la baja en precios; algunas locales pivotan a negocio B2B/ayuntamientos, otras venden o cierran.
- Ajustes quirúrgicos → la CNMC impone obligaciones de transparencia de costes/condiciones mayoristas, o remedios en zonas “thin” (micro-mercados) donde se pruebe exclusión.
- Predación probada (difícil) → sanción y medidas correctoras (pisos de precio en determinadas zonas, obligaciones de oferta mayorista equivalentes, etc.).
El regulador tenderá a evitar medidas que encarezcan generalizadamente el servicio. De ahí que la línea de actuación más realista apunte a microcirugía geográfica y a reforzar la transparencia y calidad.
No solo precios: qué debería pedírsele a todas las partes
A Digi
- Publicar compromisos de calidad por zona y tiempos de resolución, y aceptarlos como SLA.
- Aclarar políticas de subida “post-promoción” y permanencias (si las hay).
- Colaborar con el regulador en la trazabilidad de precios vs. costes (al menos a nivel de metodología).
A las telecos locales
- Cooperar (clusters regionales) para lograr economías de escala en peering, compras y operación.
- Diferenciarse en servicio (tiempos, atención, proximidad), B2B y servicios gestionados (WiFi empresarial, ciberseguridad, IoT local).
- Dejar de competir “solo” en megabits baratos.
A la CNMC y al regulador
- Acelerar la trazabilidad de calidad real por zona con las sondas y publicar índices comparables.
- Analizar micro-mercados donde un operador con red propia y precios de derribo expulsa a todos los demás y, si hay evidencia, remedios proporcionales.
- Facilitar ofertas mayoristas y co-inversión para que los pequeños accedan a red en condiciones razonables en zonas donde no es rentable duplicar.
El consumidor en medio: ¿beneficiado o rehén?
Hoy, quien se porta a Digi ahorra. Mañana, si el tejido local desaparece, el consumidor puede terminar con menos competencia y peores tiempos de respuesta ante averías. También hay un riesgo de libro: cuando pocos controlan el mercado, es más fácil mover precios al alza. Ninguna de estas hipótesis legitima blindar a ineficientes ni frenar innovación: el enfoque debe ser pro-competencia, pro-calidad y pro-transparencia.
Conclusión: competir sí, desierto no
Que Digi haya sacudido la mesa no es una tragedia: ha disciplinado precios y forzado a los grandes a espabilar. Pero hay una diferencia entre competencia dura y erosión irreversible del tejido que sostiene la conectividad más allá de las capitales. Si de esta tormenta salimos con dos o tres marcas a escala nacional y un desierto local, habremos ganado gigas baratos y perdido algo más valioso: resiliencia, cercanía y capacidad de respuesta.
La CNMC tiene el papel más difícil: proteger al consumidor hoy sin hipotecar el mercado mañana. Lo hará, como debe, con datos, sondas, costes y evidencias. Hasta entonces, toca recordar que en telecomunicaciones —como en casi todo— los precios muy bajos siempre tienen un “cómo”. Y el “cómo” importa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es “dumping rapaz” y cómo se prueba?
Es vender por debajo de coste de forma sistemática con la intención de expulsar rivales y recuperar después subiendo precios. No basta con ser barato; hay que demostrar costes, intencionalidad y capacidad de recuperación.
¿Puede la CNMC impedir a Digi ofrecer 500 Mb a 10 €?
Solo si prueba predación o abuso. En mercados liberalizados el precio lo fija la empresa, pero el regulador puede imponer remedios si hay prácticas anticompetitivas.
¿Qué ganan las telecos locales frente a Digi?
Proximidad, tiempos de atención, conocimiento del territorio y servicios profesionales (B2B). Para competir, necesitan escala (clusters), diferenciación y alianzas.
¿Cómo saber si un precio “ultra bajo” deteriora la calidad?
La CNMC ha impuesto sondas de medición por comunidad (latencia, jitter, pérdida, 5G). En los próximos meses veremos comparativas públicas que permitirán detectar diferencias reales de calidad entre operadores y zonas.
Referencias: expansion, bandaancha y boutech
