La Dirección General de Tráfico (DGT) afronta la recta final antes de la entrada en vigor obligatoria de la baliza V16 conectada, que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026. En este contexto, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha reiterado que “no habrá prórroga”, pero al mismo tiempo ha asegurado que los agentes aplicarán un “margen de flexibilidad” en los primeros compases de la nueva norma.
El mensaje oficial pretende tranquilizar a quienes aún no han comprado la baliza, pero para muchos conductores llega tarde y suena a “broma de mal gusto”. Tras años de confusión normativa, escasa comunicación masiva y un negocio millonario alrededor de estos dispositivos, la sensación entre una parte de la ciudadanía es clara: más que flexibilidad, lo que harían falta son explicaciones, investigaciones… y quizá alguna dimisión.
Cinco años de aviso… sin aviso masivo
La DGT recuerda que la obligación de usar la V16 se anunció hace cinco años y que la fecha del 1 de enero de 2026 estaba fijada desde entonces.
Sobre el papel es cierto: la regulación se ha ido aprobando por fases, primero permitiendo las luces V16 como alternativa a los triángulos y, después, fijando su obligatoriedad definitiva.
Sin embargo, a diferencia de otras campañas de seguridad vial —como las relativas al cinturón, los límites de velocidad o las etiquetas ambientales— no se ha producido una comunicación masiva sostenida en el tiempo: ni cartas personalizadas a los hogares, ni grandes campañas en televisión, radio y prensa durante años, ni recordatorios sistemáticos en los impuestos de circulación o en las ITV.
Mientras tanto, el mercado se ha llenado de balizas de todo tipo: homologadas, no homologadas, conectadas, sin conexión, con promesas de cumplimiento “seguro para 2026” que en muchos casos no se corresponden con la realidad. Organizaciones de consumidores han advertido de que una parte significativa de los dispositivos vendidos en los últimos años no será válida cuando entre en vigor la obligación de conexión con la plataforma DGT 3.0.
Un negocio de cientos de millones… y muchas dudas
La obligación de equipar todos los vehículos con una baliza V16 conectada ha generado un mercado estimado en cientos de millones de euros: solo en España circulan más de 30 millones de vehículos, y el precio medio de las balizas homologadas ronda los 40–60 euros.
A ello se suma el componente tecnológico: muchas de estas balizas incorporan una eSIM y conectividad NB-IoT con un plan de datos prepagado de hasta 12 años. El Estado recauda el IVA de cada venta y los operadores de telecomunicaciones ganan millones de líneas de datos asociadas a un dispositivo obligatorio por ley.
En paralelo, asociaciones como FACUA han denunciado un posible “fraude masivo” en la comercialización de dispositivos no homologados, pidiendo a Tráfico que refuerce las inspecciones y aclare por qué se han permitido durante tanto tiempo mensajes comerciales que inducían a error.
En este contexto, el anuncio de que los agentes serán “flexibles” con las sanciones al inicio de 2026 se percibe por parte de muchos ciudadanos como un parche político más que como una solución de fondo.
“No habrá prórroga”, pero sí margen de gracia
Pere Navarro ha reiterado que el calendario se mantiene: a partir del 1 de enero de 2026 los triángulos dejarán de ser válidos en España y solo la baliza V16 conectada contará como dispositivo de preseñalización en carretera.
Sin embargo, también ha matizado que las fuerzas y cuerpos de seguridad aplicarán un periodo de transición “informativo”, en el que la prioridad será explicar la nueva obligación más que sancionar de inmediato. En la práctica, esto significa que habrá un “margen de gracia” de facto, aunque sin una prórroga legal formalizada en el BOE.
El problema es que ese mensaje llega después de una campaña navideña en la que millones de conductores se han visto empujados a comprar deprisa y corriendo un dispositivo que, si no está correctamente homologado, puede no ser válido en cuestión de semanas. Para quienes han invertido en balizas que luego se revelan inútiles, la flexibilidad de los agentes no compensa la sensación de haber sido engañados.
Seguridad vial, privacidad y ciberseguridad
Desde el punto de vista de la seguridad vial, el argumento de la DGT es sólido: cada año se registran entre 20 y 25 fallecidos por atropello tras bajar del vehículo en una situación de emergencia. Reducir la necesidad de salir a colocar triángulos a 50 metros del coche en una autovía es, sin duda, una medida razonable.
Pero en 2025, la seguridad ya no es solo física: también es digital. Las balizas V16 conectadas son dispositivos IoT con geolocalización en tiempo real, conectadas a redes móviles y enviando datos a una plataforma centralizada. Investigaciones independientes han documentado graves fallos de seguridad en al menos un modelo muy popular —Help Flash IoT—, incluyendo comunicaciones sin cifrar, posibilidad de suplantar dispositivos y un mecanismo de actualización OTA vulnerable.
En paralelo, algunos medios han vinculado la implantación de la V16 a un modelo de “vigilancia permanente” en carretera y han pedido transparencia total sobre cómo se gestionan, anonimizan y almacenan los datos.
Que un dispositivo obligatorio por ley, conectado a una infraestructura crítica como DGT 3.0, arrastre vulnerabilidades serias o dudas sobre su uso de datos personales es, como mínimo, preocupante. Y el mensaje institucional centrado casi exclusivamente en “compren ya su baliza” no ayuda a disipar recelos.
¿Flexibilidad… o responsabilidad política?
La sensación de “broma de mal gusto” entre muchos conductores no tiene que ver con la idea de mejorar la seguridad en carretera —en eso hay amplio consenso—, sino con la manera en que se ha gestionado todo el proceso:
- Una comunicación pública tardía e irregular.
- Un mercado saturado de productos confusos, algunos de ellos inservibles para 2026.
- Un fuerte componente económico y tecnológico que nadie ha explicado con detalle.
- Y ahora, un “margen de flexibilidad” anunciado a última hora, cuando buena parte del daño reputacional ya está hecho.
De fondo, se abre un debate inevitable: ¿quién asume la responsabilidad si se ha producido, de facto, un gran trasvase de dinero hacia dispositivos que no cumplen la normativa final? ¿Quién responde si se confirma que algunos modelos homologados tienen fallos de ciberseguridad que comprometen la infraestructura DGT 3.0 o la privacidad de los ciudadanos?
Más allá de la flexibilidad en las multas, muchos especialistas en seguridad y consumidores reclaman auditorías técnicas independientes, transparencia absoluta en los criterios de homologación y un esclarecimiento político claro de todo el proceso.
Porque, al final, la cuestión no es solo si los agentes serán comprensivos en los primeros meses de 2026. La pregunta de fondo es si se ha gestionado con rigor una medida que afecta a la seguridad, la privacidad y el bolsillo de prácticamente todos los conductores del país.
Y ahí, por ahora, la baliza V16 sigue generando más interrogantes que certezas.
