El Gobierno ha puesto cifras a una preocupación que hasta hace poco parecía de ciencia ficción: ¿qué pasa con las comunicaciones si se va la luz a lo grande? Según el borrador del nuevo Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, el objetivo es que, en caso de apagón, el 85 % de la población mantenga cobertura móvil durante al menos 4 horas.
Sobre el papel suena tranquilizador. Pero en la práctica, esa promesa depende de que todas las piezas intermedias de la red —antenas, centrales de fibra, repetidores, nodos de transporte, equipos en centros de datos— tengan autonomía eléctrica suficiente y estén bien coordinadas. Y ahí es donde empiezan las dudas.
Un decreto nacido de crisis encadenadas
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sacado a audiencia pública este Real Decreto tras varios golpes de realidad:
– la pandemia de la COVID-19,
– la erupción del volcán de La Palma,
– la DANA que arrasó parte de la Comunidad Valenciana en 2024,
– y el apagón eléctrico nacional de abril de 2025.
Todas estas situaciones han demostrado que las redes de telecomunicaciones ya no son un “lujo”, sino infraestructura crítica. Sin móvil, fibra, datos y redes de emergencia, el resto de servicios esenciales (sanidad, seguridad, emergencias, administración) se resiente de forma inmediata.
Por eso el borrador califica explícitamente a las redes y determinados servicios digitales como instalaciones esenciales en situaciones de emergencia, y obliga a todas las administraciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a facilitar su mantenimiento o recuperación.
Quién tendrá que cumplir estas nuevas obligaciones
El futuro decreto no solo mira a las grandes telecos tradicionales. Afecta a cualquier actor que gestione piezas clave de la infraestructura digital en España y supere ciertos umbrales:
- Operadores de telecomunicaciones que prestan servicios al público.
- Empresas que operan cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos (CPD), puntos neutros de intercambio de tráfico (IXP) o redes CDN.
- Quedan fuera las redes específicas de Defensa y Seguridad Nacional y las empresas por debajo de 500.000 usuarios o 50 millones de euros de ingresos anuales.
Todos ellos deberán presentar un Plan General de Seguridad con análisis de riesgos y medidas prioritarias, además de planes específicos por tipo de red y por tipo de incidente (apagón, inundación, ataque cibernético, etc.).
La letra pequeña de la autonomía eléctrica
El punto más llamativo para el ciudadano es el de los respaldo eléctricos. El borrador establece tres niveles de criticidad para las instalaciones de cada operador:
- Nivel 1: infraestructuras más críticas → mínimo 24 horas de funcionamiento sin suministro eléctrico.
- Nivel 2: instalaciones intermedias → mínimo 12 horas.
- Nivel 3: resto de emplazamientos → mínimo 4 horas.
Además, en el caso de la red móvil, se añade un objetivo muy concreto: esos 4 horas deben garantizar cobertura al 85 % de la población.
En paralelo, las operadoras ya se están moviendo. Telefónica, por ejemplo, ha anunciado un plan de respaldo que habla de un mínimo de 4 horas para fibra y 2 horas para móvil en parte de su red, alineándose parcialmente con el espíritu de la norma, aunque todavía por debajo de los máximos que se pretenden exigir en las infraestructuras más críticas.
El problema: no basta con que aguante la antena
El gran matiz que no siempre se explica al público es que no basta con que una antena tenga batería o generador. Para que el móvil funcione de verdad, tienen que seguir vivos:
- Las antenas (estaciones base) con sus equipos de radio.
- Las centrales de fibra y nodos intermedios, donde se “regenera” la señal óptica.
- Los enlaces de transporte que conectan esa antena con el resto de la red.
- Los routers de backbone y las infraestructuras de los proveedores de tránsito.
- Los centros de datos donde residen servicios de voz sobre IP, mensajería, aplicaciones, etc.
Si un solo eslabón de la cadena cae, el usuario puede ver barras de cobertura en el móvil… pero no conseguir hacer una llamada, ni enviar un mensaje, ni acceder a Internet.
Por eso, aunque el decreto hable de “cobertura al 85 % de la población durante 4 horas”, la realidad técnica es más compleja: hace falta que todos los puntos necesarios para que esa comunicación se complete tengan la autonomía prometida. Incluidos pequeños edificios de repetición de fibra en zonas urbanas, shelters en carreteras, equipos en azoteas y casetas en polígonos industriales.
Más tráfico cuando todo va mal
Otro factor que el decreto no puede “regular por BOE” es el comportamiento humano. En un apagón grave:
- Todo el mundo intenta llamar al mismo tiempo.
- Aumentan los intentos fallidos y las reiteraciones.
- Crece el uso de mensajería y redes sociales para encontrar información.
Es decir, justo cuando la red está más limitada —porque parte de la infraestructura puede estar sólo en modo emergencia—, el tráfico se dispara. La consecuencia probable, incluso con todos los respaldos bien dimensionados, será:
- Red saturada por momentos.
- Llamadas que no entran o caen.
- Datos lentos o intermitentes.
La promesa de “4 horas de cobertura” no significa 4 horas de servicio perfecto, sino 4 horas de capacidad mínima razonable en condiciones muy adversas.
Nueve escenarios de crisis y salvoconductos para técnicos
El borrador del Real Decreto obliga también a planificar la respuesta frente a nueve tipos de incidentes:
- Daño grave a la red exterior.
- Interrupción del suministro eléctrico.
- Evento meteorológico severo.
- Erupción volcánica.
- Terremoto.
- Inundación.
- Incendio.
- Fallo informático grave.
- Ataque cibernético grave.
Para desplegar esas medidas, los técnicos de las compañías contarán con salvoconductos y apoyo de fuerzas de seguridad para acceder a infraestructuras en zonas afectadas, así como prioridad en combustible y acceso a suministro eléctrico cuando sea posible. El objetivo es que los generadores y sistemas de respaldo no se queden sin gasolina o sin mantenimiento a mitad de una emergencia prolongada.
Emergencias 112 y obligaciones de notificación
La norma también pone el foco en los centros 112 y los sistemas de alertas públicas, que deberán contar con planes de seguridad específicos. Es la manera de garantizar que, incluso en un escenario de fallo grave, las llamadas de emergencia y las alertas a la población sigan llegando.
Además, se refuerza la obligación de notificar incidentes:
- Aviso inicial en menos de una hora desde el inicio.
- Notificaciones intermedias periódicas.
- Notificación final y informe detallado con causas, impacto, medidas y lecciones aprendidas.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones será la encargada de supervisar el cumplimiento y coordinarse con comunidades autónomas y organismos europeos.
¿Cuánto hay de promesa política y cuánto de realidad técnica?
El mensaje de “el 85 % de la población tendrá móvil al menos 4 horas en un apagón” funciona muy bien como titular. Pero, para que sea cierto en la práctica, se necesitan varias condiciones:
- Inversión real en baterías, generadores y mantenimiento en todos los puntos críticos, incluidos los menos visibles.
- Una planificación honesta por parte de los operadores al clasificar sus infraestructuras por niveles de prioridad.
- Coordinación con otros sectores: red eléctrica, logística de combustible, protección civil, etc.
- Y un cierto grado de realismo con las expectativas de los ciudadanos: la red aguantará mejor que hoy, pero no será infalible.
La audiencia pública está abierta hasta el 8 de enero de 2026, y será ahí donde administraciones, empresas y asociaciones podrán presionar para que el texto final sea ambicioso… y aplicable.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa realmente que el 85 % de la población tendrá cobertura móvil 4 horas?
Significa que los operadores deberán dimensionar sus sistemas de respaldo para que, en caso de apagón, la red móvil siga funcionando al menos 4 horas en zonas donde vive el 85 % de la población. No garantiza un servicio perfecto, pero sí una capacidad mínima para llamadas y datos en la mayoría del territorio poblado.
¿Todas las infraestructuras de telecomunicaciones tendrán 24 horas de autonomía eléctrica?
No. Solo las clasificadas como de primer nivel deberán asegurar al menos 24 horas. Las de nivel intermedio tendrán que aguantar 12 horas, y el resto 4 horas. Cada operador definirá qué entra en cada categoría en sus planes de seguridad.
¿También afecta a centros de datos, cables submarinos y puntos neutros de Internet?
Sí. El futuro Real Decreto cubre no solo redes móviles y de fibra, sino también CPD, cables submarinos, satélites, redes CDN e IXP que superen ciertos umbrales de usuarios o ingresos. La idea es proteger toda la cadena que hace posible que los datos lleguen de un punto a otro.
¿Como usuario, puedo hacer algo para estar mejor preparado?
Más allá de las obligaciones a operadoras, es recomendable disponer de baterías externas, conocer las vías de comunicación alternativas (radio, puntos de información física) y mantener la calma en caso de saturación de la red. En emergencias, es mejor usar mensajes cortos y datos que llamadas largas, para reducir la carga sobre las infraestructuras.
vía: bandaancha.eu y Digital.gob
