El debate sobre los bloqueos de direcciones IP durante los partidos de LaLiga ha vuelto al Congreso con una respuesta que, en la práctica, enfría las expectativas de una intervención inmediata por parte del Ejecutivo. El Gobierno asegura que no le consta oficialmente que se estén produciendo “sobrebloqueos” —es decir, cortes de acceso que afectan a servicios legítimos— al ejecutar las sentencias que permiten ordenar estos bloqueos para combatir la piratería audiovisual. Y, al mismo tiempo, insiste en que quien se considere perjudicado debe acudir a los mecanismos judiciales.
La posición aparece en una contestación por escrito a preguntas registradas por el Grupo Parlamentario Republicano (ERC), que reclamaba una actuación urgente para frenar lo que describía como un “efecto colateral masivo” con impacto en derechos fundamentales y en la neutralidad de internet. Entre los ejemplos citados por los diputados figuraban plataformas y webs de uso cotidiano como Steam, X (Twitter), medios de comunicación o la RAE, además de iniciativas locales y servicios públicos.
Uno de los casos más llamativos mencionados en esa batería de preguntas fue Transporta’m, una aplicación sin ánimo de lucro que ofrece información en tiempo real sobre incidencias del transporte público y que, según la propia exposición, cuenta con 51.000 usuarios. ERC sostenía que quedó fuera de servicio durante algunos de esos bloqueos, y lo presentaba como síntoma de un problema mayor: medidas pensadas para frenar la distribución ilegal de contenidos que, al aplicarse de forma amplia, terminan afectando a terceros.
Qué responde el Gobierno: sin datos oficiales y sin quejas formales
El Gobierno reconoce que se trata de bloqueos ejecutados por operadoras en cumplimiento de sentencias judiciales derivadas de procedimientos de propiedad intelectual. En ese marco, explica que existen medidas “dinámicas” orientadas a evitar que las páginas infractoras esquiven el bloqueo mediante la creación de “webs sucesoras”. Para aplicarlas, señala que LaLiga y Movistar deben facilitar a las operadoras una relación actualizada de IP o dominios a bloquear, y que el bloqueo se realiza “a nivel de IP” para reforzar su efectividad.
En lo sustancial, el Ejecutivo se apoya en tres ideas:
- No consta que haya sobrebloqueos “acreditados” por la vía formal: el Ministerio de Cultura afirma no haber recibido comunicaciones o quejas formales que prueben casos concretos.
- No hay cifras oficiales: asegura que no dispone de datos sobre cuántas páginas o servicios legítimos habrían resultado afectados ni sobre el volumen de daños, porque no se habría notificado oficialmente a la Administración.
- La reparación debe dirimirse en tribunales: recalca que la ejecución corresponde al Poder Judicial y que la depuración de responsabilidades y la valoración de posibles perjuicios se encauzan por vías judiciales.
Aun así, la respuesta incluye un matiz relevante: el Gobierno afirma que “sigue con atención la evolución” de la situación y se declara atento al debate público, abriendo la puerta —al menos en términos políticos— a valorar medidas dentro de sus competencias si el problema escala o se documenta mejor.
El trasfondo judicial: de la sentencia de 2024 al auto de 2025
La discusión no nace de la nada. Ya en mayo, el BNG llevó el asunto al Congreso y el Gobierno respondió que era consciente de acciones de bloqueo de IP “a instancia de LaLiga” amparadas en la Sentencia nº 310/2024, de 18 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona.
En esa misma respuesta se citaba que Cloudflare y RootedCON plantearon un incidente de nulidad, que fue desestimado por el Auto nº 295/2025, de 25 de marzo de 2025. En consecuencia, el Ejecutivo defendía entonces —y mantiene ahora— que debe respetar lo resuelto por la instancia judicial, y que corresponde al propio juzgado determinar si la ejecución se ajusta a lo ordenado.
El choque de relatos: “daños colaterales” frente a “afectados inexistentes”
Mientras ERC pide criterios más claros y supervisión reforzada para evitar daños colaterales, LaLiga ha negado que los bloqueos sean masivos y ha sostenido que parte de los supuestos afectados serían “webs inexistentes” o sin tráfico relevante, según recoge la información publicada sobre esta controversia.
En paralelo, el conflicto ha trascendido la política doméstica. Asociaciones de internautas han llevado quejas al Defensor del Pueblo, argumentando que los bloqueos no solo impactan en webs relacionadas con la piratería, sino también en servicios plenamente legítimos. Y algunos análisis divulgativos han explicado el problema técnico de fondo: cuando se bloquea una IP que comparten múltiples servicios (por ejemplo, tras una capa de CDN o protección), el “corte” puede ser menos quirúrgico de lo que aparenta.
Qué puede cambiar ahora: documentación, presión pública y foco europeo
La respuesta del Gobierno deja una conclusión clara para los afectados: si no hay reclamaciones formales y casos concretos documentados, la Administración seguirá sin datos con los que actuar. Por eso, buena parte del choque se desplaza a dos terrenos:
- la capacidad de empresas, proyectos y usuarios de acreditar técnicamente el bloqueo y su impacto, y
- el debate político y regulatorio sobre si el bloqueo por IP —más “contundente”, pero potencialmente más impreciso— debe acompañarse de salvaguardas adicionales.
Con el asunto ya instalado en la conversación pública, la pregunta de fondo es si el “LaLiga Gate” quedará como una polémica recurrente de fines de semana o si acabará derivando en un marco más específico que reduzca el riesgo de “apagones” digitales involuntarios.
Preguntas frecuentes
Qué es el sobrebloqueo en internet y por qué ocurre con bloqueos de IP
El sobrebloqueo se produce cuando una medida pensada para bloquear un objetivo concreto termina afectando a servicios legítimos. En bloqueos por IP puede ocurrir porque una misma IP puede alojar o proteger múltiples webs y servicios.
Cómo comprobar si una web o servicio legal está siendo bloqueado por medidas vinculadas a LaLiga
Lo más útil es comparar accesos desde distintas redes (operadoras diferentes), registrar trazas técnicas (DNS, traceroute, errores HTTP) y contrastar con la información del proveedor de hosting/CDN para identificar si el fallo encaja con un bloqueo de red.
Qué hacer si tu negocio online se ve afectado por un bloqueo de Movistar u otras operadoras durante un partido
Conviene recopilar evidencias (hora, operadora, IP afectada, impacto) y presentar reclamación formal, empezando por los canales del proveedor/operadora y, si procede, escalando por la vía legal para solicitar tutela y reparación de daños.
Por qué el Gobierno dice que “no tiene datos oficiales” sobre webs legítimas afectadas
Porque sostiene que no ha recibido notificaciones o quejas formales que permitan cuantificar el alcance, y remite la depuración de responsabilidades y la reparación de daños al ámbito judicial.
