El Gobierno ha reconocido por primera vez por escrito que los bloqueos de direcciones IP vinculados a la lucha contra la piratería audiovisual de LaLiga están provocando “efectos colaterales”. Lo ha hecho en una respuesta parlamentaria firmada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en la que admite que mantiene un “diálogo activo” con instituciones, asociaciones, pequeñas empresas y usuarios individuales para conocer el impacto real de esta situación. La respuesta está fechada el 24 de febrero de 2026 y llega tras una pregunta registrada por Sumar el 29 de diciembre de 2025 en el Congreso.
El cambio de tono no es menor. Hasta ahora, el Ejecutivo había sostenido en otras respuestas parlamentarias que no tenía constancia de “quejas formales” que acreditasen casos concretos de sobrebloqueo y que tampoco disponía de datos oficiales sobre el número de páginas o servicios legítimos afectados ni sobre los posibles daños causados. La nueva contestación no aporta cifras, ni detalla medidas concretas de corrección, pero sí introduce una novedad política y jurídica importante: el reconocimiento expreso de que hay terceros ajenos a la piratería que están sufriendo las consecuencias de esos bloqueos.
Un giro político tras meses de silencio
La pregunta formulada por Sumar describía un “fenómeno de sobrebloqueo” que, a juicio del grupo parlamentario, estaría afectando a miles de sitios web legítimos completamente ajenos a cualquier infracción. En su escrito, los diputados Nahuel González López y Enrique Santiago Romero reclamaban al Gobierno un mecanismo de supervisión y control que garantizase transparencia y evitase una ejecución “masiva e indiscriminada” de los bloqueos. La iniciativa llegaba después de que otras formaciones, como ERC y BNG, ya hubieran llevado este asunto al Congreso sin lograr una rectificación clara del Ejecutivo.
La respuesta del Ministerio es muy breve, apenas una página, pero políticamente significativa. El Gobierno sostiene que los bloqueos se están ejecutando en cumplimiento de la Sentencia nº 310/2024, de 18 de diciembre de 2024, del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, y recuerda que el cumplimiento de resoluciones judiciales es uno de los supuestos de gestión del tráfico de Internet autorizados por la normativa. Sin embargo, a renglón seguido añade la frase que marca la diferencia respecto a respuestas anteriores: el Ministerio dice ser “consciente de los efectos colaterales que se están generando” y confirma ese diálogo activo con los afectados.
Ese matiz importa porque, hasta otoño de 2025, la posición oficial había sido mucho más defensiva. En otra respuesta parlamentaria, el Gobierno llegó a afirmar que el Ministerio de Cultura no había recibido comunicaciones o quejas formales que acreditaran casos concretos de sobrebloqueo y que, por tanto, no contaba con datos oficiales sobre páginas legítimas bloqueadas ni sobre daños cuantificables. Aquella contestación emplazaba a los afectados a acudir a los tribunales si consideraban vulnerados sus derechos. Ahora, sin abandonar del todo esa tesis de fondo, el Ejecutivo acepta que el problema existe al menos como efecto secundario real.
La base legal no resuelve el debate técnico
LaLiga y los titulares de derechos audiovisuales se apoyan en resoluciones judiciales que les permiten trasladar a las grandes operadoras la relación de IP o dominios que deben ser bloqueados para impedir la retransmisión no autorizada de partidos. Desde el punto de vista normativo, el acceso abierto a Internet en la Unión Europea admite excepciones a la neutralidad de la red, entre ellas el cumplimiento de obligaciones legales o resoluciones judiciales. Eso da cobertura formal al mecanismo, pero no cierra la discusión sobre cómo se ejecuta en la práctica ni sobre si la medida se aplica con suficiente precisión.
Ahí está el núcleo del conflicto. El problema ya no es solo si existe una orden judicial, sino si el bloqueo técnico aplicado sobre direcciones IP compartidas termina afectando también a servicios, webs o aplicaciones que no tienen ninguna relación con la infracción perseguida. La pregunta de Sumar insiste precisamente en esa idea y denuncia que el sistema español se estaría ejecutando de forma “indirecta, amplia y poco precisa”, provocando sobrebloqueos sobre páginas legítimas. Esa misma preocupación ya había aparecido en iniciativas anteriores de ERC, que pedían al Estado actuar con urgencia para evitar daños colaterales sobre derechos fundamentales y sobre la neutralidad de la red.
La admisión del Gobierno no equivale, por tanto, a una impugnación del modelo judicial de bloqueo, ni mucho menos a una rectificación completa. El Ministerio no anuncia la paralización de las medidas, no cuestiona la sentencia y tampoco concreta qué medidas piensa tomar más allá de escuchar a los afectados. Pero el reconocimiento de los “efectos colaterales” sí abre una fase distinta, porque deja de presentar el problema como una mera polémica sin base acreditada y pasa a asumir que existe un impacto sobre terceros que merece ser examinado.
Qué puede cambiar a partir de ahora
El siguiente paso dependerá de si ese “diálogo activo” se traduce en algo más que una ronda de contactos. El escrito de Sumar pedía mecanismos de supervisión, transparencia y control técnico y jurídico sobre la ejecución de los bloqueos. La respuesta no concreta si habrá nuevas directrices, criterios de proporcionalidad más estrictos, sistemas de notificación a afectados o fórmulas de reparación más ágiles. Tampoco aclara qué papel asumirá el Ministerio para la Transformación Digital, que es el departamento con competencias sobre el entorno digital y la neutralidad de la red, en una cuestión que hasta ahora el Ejecutivo venía situando esencialmente en el ámbito de la ejecución judicial.
En cualquier caso, el movimiento ya tiene relevancia política. La cuestión de los bloqueos de LaLiga llevaba meses generando críticas de asociaciones, usuarios y pequeñas empresas tecnológicas, pero el Gobierno evitaba hasta ahora reconocer oficialmente el daño sobre terceros. Que lo haga ahora, aunque sea de forma escueta y sin cifras, cambia el marco del debate. La discusión deja de ser si hay o no hay sobrebloqueo y pasa a centrarse en otra pregunta: qué piensa hacer el Ejecutivo para que una medida judicial dirigida contra la piratería no siga afectando a servicios legítimos que comparten infraestructura o direccionamiento.
La batalla, por tanto, no está cerrada. LaLiga seguirá defendiendo la necesidad de estos bloqueos para combatir la piratería en directo, mientras los afectados reclamarán que la lucha contra las retransmisiones ilícitas no puede justificar daños indiscriminados sobre terceros. Entre ambas posiciones, el Gobierno ha dado por primera vez un paso que hasta hace poco evitaba: admitir que el problema existe. Y, en política digital, ese reconocimiento suele ser el primer requisito para que empiece de verdad cualquier cambio.
Preguntas frecuentes
¿Qué ha admitido exactamente el Gobierno sobre los bloqueos de LaLiga?
Ha admitido por primera vez que los bloqueos están generando “efectos colaterales” y que mantiene un diálogo activo con instituciones, asociaciones, pequeñas empresas y usuarios para conocer su impacto.
¿Quién hizo la pregunta parlamentaria que provocó esta respuesta?
La iniciativa fue registrada por Sumar el 29 de diciembre de 2025 en el Congreso de los Diputados y estaba firmada por Nahuel González López y Enrique Santiago Romero.
¿Ha anunciado el Gobierno que vaya a frenar los bloqueos de IP de LaLiga?
No. La respuesta no plantea suspender los bloqueos ni revisar la sentencia judicial, aunque sí reconoce el problema y habla de contactos con los afectados.
¿En qué se apoya legalmente el sistema de bloqueos?
Según el propio Gobierno, en la Sentencia nº 310/2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona y en la excepción prevista por la normativa de Internet abierta para el cumplimiento de resoluciones judiciales.
