La firma de un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) y LaLiga, presentado oficialmente como una alianza para impulsar la cultura de la ciberseguridad, ha encendido las críticas de varias asociaciones de usuarios de Internet. A su juicio, el pacto llega en el peor momento: mientras siguen denunciando bloqueos masivos vinculados a la lucha contra las emisiones ilegales de fútbol que, sostienen, terminan afectando a páginas y servicios legítimos.
El acuerdo, anunciado el 14 de enero de 2026, plantea acciones de sensibilización y prevención de ciber riesgos dirigidas a clubes, aficionados y a la sociedad en general, con especial foco en colectivos vulnerables y menores. Estas acciones serán diseñadas y ejecutadas por INCIBE junto a LaLiga, según la nota de prensa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El documento también incluye iniciativas contra el discurso de odio y el ciberacoso y prevé que LaLiga contribuya a dar visibilidad al teléfono 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, un servicio gratuito y confidencial que —según datos del propio INCIBE— recibió más de 138.000 consultas en 2025, un 40 % más que el año anterior.
Sin embargo, para la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet y la Fundación España Digital, la foto institucional choca frontalmente con lo que describen como una situación recurrente: cortes de acceso a webs “legales” en fines de semana de fútbol, derivados de bloqueos por direcciones IP que se aplicarían con un alcance mayor del necesario. En un comunicado fechado el 22 de enero de 2026, las tres entidades afirman que la colaboración “avala” un escenario de “bloqueos indiscriminados” y vuelven a pedir al Defensor del Pueblo que intervenga.
Neutralidad de la red: el principio y el punto de fricción
En el centro del debate está el concepto de neutralidad de la red y cómo encajan los bloqueos asociados a la protección de derechos audiovisuales. En el marco europeo, el Reglamento (UE) 2015/2120 establece que las medidas de gestión del tráfico —cuando se consideran razonables— deben ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no pueden basarse en consideraciones comerciales.
Las asociaciones sostienen que esa proporcionalidad se rompe cuando se bloquea una IP que aloja varios servicios o dominios (un escenario común en infraestructuras modernas, con proveedores, CDN y alojamientos compartidos). En esos casos, el bloqueo pensado para frenar un destino concreto puede cortar el acceso a terceros que nada tienen que ver con la emisión ilícita perseguida. Es precisamente ese “daño colateral” el que ha alimentado reclamaciones ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y la presión pública para que los supervisores actúen de oficio, según recogen las entidades críticas.
Una base judicial que explica el origen de los bloqueos
La controversia no surge en el vacío. En respuesta parlamentaria de 17 de junio de 2025, el Gobierno señaló que era consciente de que determinados proveedores estaban realizando bloqueos de direcciones IP “a instancia de LaLiga” para proteger derechos de propiedad intelectual, al amparo de la Sentencia n.º 310/2024, de 18 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona. El mismo texto añade que Cloudflare y RootedCON promovieron un incidente de nulidad, que fue desestimado por el Auto n.º 295/2025, de 25 de marzo de 2025, y que, en consecuencia, el Ejecutivo debía respetar esas decisiones judiciales.
En paralelo, RootedCON anunció en mayo de 2025 su intención de acudir al Tribunal Constitucional, al considerar que el mecanismo de bloqueo entrañaba riesgos para los derechos digitales y para el ecosistema tecnológico.
“Silencio institucional” y un expediente sin respuesta
El choque actual se intensifica por la sensación de falta de respuesta institucional. Las asociaciones recuerdan que solicitaron amparo al Defensor del Pueblo el 27 de junio de 2025 y denuncian que, meses después, no han tenido noticias del expediente pese a pedir intervención “urgente”. En su texto, alertan de que la pasividad “sienta un peligroso precedente” para que actores privados condicionen el acceso a Internet sin garantías suficientes.
La presidenta de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina, resume el malestar con una acusación directa: habla de una “inaudita e intolerable pasividad” y del riesgo de normalizar futuras “intervenciones privadas” sobre la red.
El pacto de ciberseguridad: lo que dice y lo que temen los críticos
El Ministerio y LaLiga defienden el acuerdo en términos de prevención, concienciación y apoyo a herramientas públicas como el 017, en un contexto en el que los riesgos digitales —especialmente para menores— han ganado protagonismo en la agenda pública. La propia nota oficial subraya ese enfoque social y atribuye a INCIBE el diseño de las iniciativas.
Los críticos, sin embargo, interpretan el gesto como una señal política: si el Estado firma con quien promueve (o solicita) bloqueos que generan controversia, temen que se consolide la idea de que el “fin” justifica métodos técnicamente agresivos, con coste sobre terceros. En otras palabras, lo que para unos es una campaña de cultura de ciberseguridad, para otros es un mensaje de legitimación en un conflicto todavía abierto.
En el trasfondo, queda una pregunta incómoda para el debate público: cómo perseguir eficazmente la piratería audiovisual sin erosionar principios como la proporcionalidad, la transparencia y el derecho de acceso a servicios legítimos. La respuesta pasa, según apuntan expertos del sector en discusiones recurrentes, por mecanismos más precisos, trazables y revisables, así como por canales de reclamación ágiles cuando se producen bloqueos erróneos. El problema, denuncian los colectivos, es que esa arquitectura de garantías no estaría hoy a la altura del impacto real que describen.
Preguntas frecuentes
¿Por qué un bloqueo por IP puede afectar a webs legales que no tienen relación con el fútbol?
Porque una misma dirección IP puede alojar múltiples servicios o dominios (por ejemplo, en alojamientos compartidos o redes de distribución de contenido). Si se bloquea esa IP, puede quedar inaccesible todo lo que dependa de ella, aunque sea legítimo.
¿Qué derechos y principios están en juego cuando se aplican bloqueos de acceso a Internet?
Además de la protección de la propiedad intelectual, entran en juego principios vinculados a la neutralidad de la red (proporcionalidad, no discriminación y transparencia) y, según los denunciantes, posibles impactos sobre libertades y actividad económica cuando se afecta a terceros.
¿Qué es el 017 de INCIBE y para qué sirve?
Es la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, un servicio nacional gratuito y confidencial para resolver dudas o incidentes relacionados con seguridad digital en el día a día, con especial utilidad para familias, menores y colectivos vulnerables.
¿Qué opciones tiene un negocio online si su web queda inaccesible por un bloqueo “colateral”?
En la práctica, suele combinarse la recopilación de evidencias técnicas (hora, operador, trazas), la reclamación ante el proveedor y, si procede, la elevación a los canales públicos de atención al usuario o vías judiciales. Las asociaciones piden, además, procedimientos más rápidos y transparentes para estos casos.
