El Gobierno quiere convertir la cobertura móvil durante un apagón en un nuevo derecho digital. La idea, anunciada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, suena sencilla: si se cae la red eléctrica, las operadoras deberán mantener la cobertura móvil durante al menos cuatro horas para una parte amplia de la población. Después del gran apagón del 28 de abril de 2025, la medida parece razonable. La duda es si llega como una respuesta técnica suficiente o como una forma de vestir de derecho algo que debería haber estado mejor previsto.
La obligación se incorporará al futuro Real Decreto de seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e infraestructuras digitales. Según el Ministerio, el despliegue será gradual: el primer año deberá cubrir al 50 % de la población, el segundo al 65 % y el tercero al 75 %. Para lograrlo, las operadoras tendrán que reforzar la autonomía eléctrica de sus emplazamientos móviles con baterías y, en determinados casos, grupos electrógenos.
La medida tiene una virtud: reconoce que la conectividad ya forma parte de las infraestructuras básicas. Sin móvil no hay llamadas de emergencia para muchos ciudadanos, no hay coordinación familiar, no hay avisos, no hay acceso a información actualizada y no hay capacidad de operar muchos servicios cotidianos. Pero también tiene un límite evidente: garantizar cuatro horas de cobertura no resuelve el problema de fondo si el apagón dura diez, dieciséis o dieciocho horas, como ocurrió en algunas zonas durante la gran caída eléctrica de 2025.
La cobertura móvil también depende de la luz
La red móvil no desaparece al mismo tiempo en todas partes cuando se produce un apagón. Algunas antenas aguantan más porque tienen baterías, grupos electrógenos o están conectadas a emplazamientos más protegidos. Otras caen al poco tiempo. En el apagón de abril de 2025, esa irregularidad fue una de las experiencias más frustrantes para muchos usuarios: una zona podía conservar señal con un operador mientras otra, a pocos kilómetros, se quedaba incomunicada.
La razón es técnica, pero sencilla. Una estación base necesita energía para alimentar sus equipos de radio, transmisión, refrigeración y electrónica asociada. Si cae la red eléctrica, depende de sistemas de respaldo. En centros críticos y nodos principales suele haber más autonomía. En muchas antenas de acceso, sobre todo en ubicaciones urbanas, azoteas o emplazamientos pequeños, el margen puede ser limitado.
| Elemento de red | Qué ocurre en un apagón |
|---|---|
| Antenas móviles | Dependen de baterías o generadores si cae la red eléctrica |
| Red de fibra en hogares | Puede fallar si el router u ONT no tienen alimentación |
| Centrales y nodos principales | Suelen tener mayor respaldo energético |
| Servicios de emergencia | Necesitan prioridad y continuidad |
| Usuarios domésticos | Pueden tener móvil cargado, pero quedarse sin red |
| Comercios y pagos | Pueden perder datáfonos, internet y comunicaciones |
La nueva obligación intenta corregir esa fragilidad. No busca que todo internet funcione con normalidad durante un apagón nacional, sino mantener un mínimo de conectividad móvil. Ese matiz importa. Cuatro horas de cobertura no significan cuatro horas de datos a pleno rendimiento para todos. Significan que la red debería conservar capacidad básica de servicio en condiciones excepcionales.
Del 85 % inicial al 75 % final
El borrador inicial del decreto planteaba garantizar cuatro horas de cobertura móvil al 85 % de la población. La versión anunciada ahora rebaja esa cobertura al 75 % y la despliega por fases. Esta reducción no es menor. Muestra el choque entre una aspiración pública comprensible y las dificultades reales de llevar baterías, mantenimiento y redundancia a miles de emplazamientos.
Las operadoras llevan tiempo advirtiendo de que reforzar la autonomía eléctrica de las redes no es solo comprar baterías. Hay que instalar equipos, mantenerlos, sustituirlos cuando envejecen, garantizar seguridad en azoteas, adaptar espacios, cumplir normativa, prever combustible si hay generadores y operar una red mucho más compleja. El coste no está solo en la inversión inicial, sino en el mantenimiento durante años.
| Plazo tras la entrada en vigor | Cobertura prevista |
| Primer año | 50 % de la población |
| Segundo año | 65 % de la población |
| Tercer año | 75 % de la población |
El Gobierno habla de derecho digital. Las operadoras verán una nueva obligación regulatoria. Los ciudadanos, probablemente, lo medirán de una forma más simple: si vuelve a haber un apagón, querrán saber si pueden llamar, recibir avisos y comunicarse con sus familias.
Un derecho digital que no sustituye al derecho a infraestructuras fiables
Una parte de la reacción ciudadana apunta a una idea evidente: antes que tener derecho a cuatro horas de móvil durante un apagón, habría que tener derecho a no sufrir apagones graves. Es una queja comprensible, aunque ningún sistema eléctrico puede prometer un 100 % absoluto de disponibilidad. Lo que sí puede exigirse es planificación, redundancia, inversión, mantenimiento, transparencia y responsabilidades claras cuando algo falla.
Ahí está el debate más incómodo. Si el país depende de electricidad para pagar, llamar, abrir puertas, mover trenes, conservar alimentos, atender hospitales, gestionar semáforos y coordinar emergencias, la resiliencia no puede añadirse después como parche. Tiene que formar parte del diseño de la red eléctrica y de la red de telecomunicaciones.
El apagón de 2025 mostró una dependencia encadenada. Se cae la electricidad y después caen comunicaciones, transporte, comercio, servicios digitales y parte de la vida urbana. Durante años, la digitalización se vendió como comodidad. Ese día se vio también su reverso: cuando todo depende de corriente, conectividad y sistemas centralizados, la vida cotidiana tiene menos alternativas.
La vieja telefonía tenía una lección olvidada
Durante décadas, el teléfono fijo tradicional podía seguir funcionando en muchas situaciones porque recibía alimentación desde la central. Con la llegada de la fibra y la telefonía IP, esa lógica cambió. El router y la ONT del hogar necesitan electricidad. Si no hay una pequeña batería o un sistema de respaldo, el teléfono fijo también deja de funcionar.
La modernización trajo más velocidad, más servicios y más capacidad, pero también trasladó parte de la responsabilidad energética al usuario. En un apagón, de poco sirve que una central tenga respaldo si el equipo de casa está apagado. Lo mismo ocurre con muchos negocios: pueden tener cobertura móvil, pero quedarse sin datáfono, sin WiFi, sin caja o sin sistemas internos.
Por eso el nuevo derecho digital debería ir acompañado de una pedagogía mínima. Mantener el móvil cargado, disponer de una batería externa, conservar una radio, tener identificados canales de emergencia y saber que la fibra doméstica puede caer si no hay alimentación no son consejos apocalípticos. Son hábitos básicos en un país que ya sabe que un apagón general puede ocurrir.
Resiliencia no es solo poner baterías
La medida del Gobierno es positiva si se interpreta como un primer escalón. Pero la resiliencia real exige algo más amplio. Las redes móviles necesitan energía, pero también transmisión, capacidad, priorización de tráfico, coordinación con emergencias, protocolos de información pública y pruebas periódicas. Una batería que nadie mantiene o que no se prueba puede fallar el día que hace falta.
También hay que decidir qué tráfico se prioriza. En una situación excepcional, la red puede saturarse si millones de personas intentan llamar o enviar datos al mismo tiempo. Mantener cobertura no basta si la capacidad disponible se consume en segundos. Los servicios de emergencia, alertas públicas y comunicaciones críticas deberían tener preferencia clara.
| Medida | Por qué importa |
| Baterías en antenas | Mantienen equipos encendidos tras la caída eléctrica |
| Grupos electrógenos | Aumentan autonomía en emplazamientos críticos |
| Priorización de tráfico | Protege llamadas y servicios esenciales |
| Pruebas periódicas | Evitan que el respaldo exista solo en papel |
| Planes de continuidad | Coordinan operadores, Administración y emergencias |
| Información pública | Reduce incertidumbre y llamadas innecesarias |
| Red eléctrica reforzada | Previene que la emergencia se repita |
Hay otro punto delicado: quién paga. Si el coste recae íntegramente sobre las operadoras, estas intentarán trasladarlo de una forma u otra al mercado. Si se financia con apoyo público, habrá que justificarlo y supervisar su cumplimiento. Si se queda en obligación sin control, puede ocurrir lo de tantas normas bienintencionadas: se anuncian como derechos y se descubren como promesas débiles cuando llega la crisis.
Un avance necesario, pero insuficiente
Garantizar cuatro horas de cobertura móvil en caso de apagón es una medida sensata. Mejor cuatro horas que nada. Mejor una obligación verificable que una apelación genérica a la “mayor disponibilidad posible”. Pero llamarlo derecho digital no debería ocultar su alcance real: se trata de un mínimo de continuidad, no de una garantía plena de comunicación.
El apagón de 2025 dejó una enseñanza clara. La sociedad digital necesita planes analógicos de emergencia, redundancia física y redes que no dependan de un único punto de fallo. La conectividad es ya un servicio esencial, pero su resiliencia no puede descansar únicamente en las antenas. Empieza en la red eléctrica, continúa en las infraestructuras de telecomunicaciones y termina en cada hogar, empresa y administración.
El nuevo decreto puede ayudar a que el próximo apagón no deje a tanta gente incomunicada tan rápido. Pero la verdadera prueba será menos vistosa que el anuncio: baterías instaladas, generadores donde hagan falta, mantenimiento auditado, planes probados y responsabilidades claras. Un derecho digital solo vale algo cuando funciona el día en que todo lo demás deja de funcionar.
Preguntas frecuentes
¿Qué ha anunciado el Gobierno?
El Gobierno quiere obligar a las operadoras a mantener cobertura móvil durante al menos cuatro horas en caso de apagón eléctrico, con una implantación gradual hasta cubrir al 75 % de la población.
¿Significa que habrá internet móvil normal durante un apagón?
No necesariamente. La medida busca mantener cobertura y servicios básicos, pero en una emergencia puede haber limitaciones de capacidad, saturación o degradación del servicio.
¿Por qué se necesitan baterías en las antenas?
Porque las estaciones base móviles necesitan electricidad. Si cae la red eléctrica, solo siguen funcionando si cuentan con baterías, generadores u otros sistemas de respaldo.
¿Cuándo entraría en vigor?
El Gobierno prevé incluir esta obligación en el Real Decreto de seguridad y resiliencia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, con aprobación prevista antes de final de año e implantación progresiva.
Fuentes: La Moncloa, anuncio del Ministerio para la Transformación Digital sobre cobertura móvil en apagones. y bandaancha.eu
