En los últimos meses, miles de personas en España se han encontrado con una situación extraña: páginas web que usaban a diario —desde medios locales hasta tiendas online, apps de pádel o servicios en la nube— dejaban de funcionar durante horas, sobre todo en fines de semana de liga. Al principio parecía “un fallo técnico más”. Pero detrás había un responsable claro: los bloqueos masivos impulsados por LaLiga y ejecutados por las operadoras para combatir la piratería del fútbol.
Lo que en teoría era una medida contra webs que emiten partidos sin permiso ha acabado convirtiéndose en algo mucho más serio: un experimento a gran escala sobre hasta qué punto se puede romper la red para proteger un negocio concreto, aunque por el camino se vean perjudicadas miles o incluso millones de páginas legítimas. Y este no es solo un asunto de fútbol: afecta a la libertad de Internet, a la economía digital y, en última instancia, a los derechos de toda la ciudadanía.
Bruselas admite que hay quejas por sobrebloqueo
En 2023, la Comisión Europea aprobó la Recomendación (UE) 2023/1018 para animar a los Estados miembros a luchar con más eficacia contra la piratería de deportes y eventos en directo. El texto abría la puerta a bloqueos por DNS y por IP, incluso bloqueos dinámicos, pero con una condición clave: debían ser medidas estrictamente selectivas, que no privasen innecesariamente a los usuarios de acceder a información y contenidos legales.
Dos años después, Bruselas ha publicado su evaluación de esa Recomendación. En ella reconoce que, en general, los casos notificados de bloqueo de contenido legítimo son limitados, pero señala dos escenarios problemáticos: el sistema Piracy Shield en Italia y la orden de bloqueo LaLiga/Telefónica en España, donde se han recibido quejas de usuarios y otros actores por sobrebloqueo y daños a terceros. La propia Comisión alerta de que el riesgo se dispara cuando se bloquea por IP, y pide que cada país supervise la proporcionalidad de estas medidas para evitar consecuencias indeseadas.
Es decir: la Unión Europea ya tiene constancia oficial de que en España hay un problema.
LaLiga pide aún más poder, incluso contra VPN y CDNs
Mientras la Comisión hacía su evaluación, el lobby deportivo y audiovisual maniobraba en paralelo. LaLiga, junto a otras 36 grandes organizaciones del sector, remitió una carta a Bruselas para pedir que la próxima fase no se quede en recomendaciones: quiere una legislación dura y de obligado cumplimiento en toda la UE.
Entre las medidas que respaldan estas entidades están:
- Un sistema de bloqueo de IP a nivel europeo, coordinado y rápido.
- Obligaciones estrictas para que los intermediarios corten emisiones pirata en cuestión de minutos, antes de que termine el partido.
- Que VPN y redes CDN mantengan registros KYC, es decir, que identifiquen de forma nominal a sus usuarios, rompiendo uno de los pilares de la privacidad en Internet.
Todo ello se plantea mientras LaLiga defiende públicamente que la Comisión ha “avalado” su estrategia de bloqueos dinámicos y minimiza los daños a terceros, presentándolos como incidentes marginales.
Qué está pasando realmente: bloquear por IP en un mundo de nubes compartidas
Para entender el problema, basta una idea sencilla: hoy una dirección IP rara vez pertenece a “una sola web”.
- Muchas páginas usan servicios como Cloudflare o grandes CDNs, que comparten la misma IP entre miles de dominios distintos.
- Empresas, administraciones y proyectos pequeños alojan sus webs en plataformas de “hosting” y nube que funcionan igual: una IP, cientos de clientes.
Cuando se ordena bloquear un rango de IP de un proveedor porque algunas de las webs que pasan por ahí emiten fútbol pirata, no se apaga solo una página:
se deja sin servicio a todos los dominios que comparten esa infraestructura.
Informes periodísticos y técnicos hablan de miles de webs afectadas en determinados fines de semana, y fuentes como la propia Wikipedia recogen que los bloqueos de LaLiga han llegado a impactar potencialmente a millones de sitios legítimos que utilizan Cloudflare para su seguridad y rendimiento.
Entre los perjudicados se han citado:
- Medios regionales y locales.
- Pequeñas tiendas online.
- Startups tecnológicas que dependen de APIs alojadas en esas redes.
- Apps de clubes deportivos, asociaciones y negocios de barrio.
Ninguno de ellos tiene nada que ver con el fútbol pirata. Pero sus webs dejan de ser accesibles para abonados de ciertos operadores justo en los momentos en los que se ejecutan los bloqueos.
Gobierno, LaLiga y Bruselas: tres relatos que no encajan
Aquí se produce un choque llamativo de narrativas:
- La Comisión Europea admite que hay quejas por sobrebloqueo en España y advierte del riesgo que suponen los bloqueos por IP para los derechos fundamentales.
- El Gobierno español, en respuesta a preguntas parlamentarias, asegura que no ha recibido quejas formales que acrediten casos concretos de sobrebloqueo vinculados a estas órdenes, y remite a los tribunales a los posibles afectados.
- LaLiga sostiene que la estrategia está avalada por Bruselas, que los incidentes son mínimos en comparación con el volumen total de bloqueos y que el verdadero problema es la falta de cooperación de intermediarios tecnológicos como Cloudflare.
En medio de estas posiciones oficiales quedan las personas y negocios que ven su web caer de manera intermitente. Muchas ni siquiera saben que el origen está en una orden judicial relacionada con el fútbol. Lo perciben como “fallos del operador” o “problemas de red” y, con suerte, se quejan en redes sociales.
Pero rara vez cuentan con los recursos económicos y legales necesarios para enfrentarse a una gran patronal deportiva y a una gran teleco. Así, el daño queda invisibilizado en las estadísticas oficiales, aunque el impacto económico y reputacional sea muy real para quienes lo sufren.
Por qué esto va mucho más allá de ver o no ver fútbol
La piratería existe, es un problema y genera pérdidas para los titulares de derechos. Nadie discute eso. Pero la forma de combatirla importa.
Cuando una entidad privada puede conseguir una orden que, en la práctica, permite apagar partes enteras de la red para proteger su negocio, la cuestión deja de ser “quién ve el partido gratis” y pasa a ser:
- ¿Quién decide qué se bloquea y con qué controles?
- ¿Qué garantías tienen las personas y empresas afectadas de que su web no será víctima colateral?
- ¿Qué transparencia existe sobre cuántos dominios se ven arrastrados cada fin de semana?
- ¿Hasta qué punto se están sacrificando la neutralidad de la red y la libertad de información en nombre de la propiedad intelectual?
El propio conflicto con Cloudflare lo ilustra bien. LaLiga ha llegado a acusar públicamente a este proveedor de “proteger organizaciones criminales” y facilitar incluso delitos gravísimos, mientras que Cloudflare denuncia que se está anteponiendo el interés comercial de una patronal a los derechos de millones de usuarios a acceder a una Internet abierta.
Si este tipo de estrategias se normalizan, otros sectores podrían reclamar lo mismo: bloqueos masivos por IP para proteger sus contenidos, marcas o intereses, aunque eso signifique dejar a oscuras a miles de servicios que nada tienen que ver con la infracción.
Hacer partícipe a la ciudadanía: lo que está en juego
Este no es un debate técnico reservado a juristas y expertos en redes. La ciudadanía tiene mucho que decir, porque lo que está en juego es el tipo de Internet en el que vivirán las próximas décadas:
- Una red abierta, neutral y fiable, donde los errores se corrigen y los derechos se respetan.
- O una red en la que grandes actores privados pueden forzar apagones selectivos para defender sus intereses, y donde los daños colaterales se consideran “coste asumible”.
Cada vez que una persona no puede entrar en la web de su ayuntamiento, su tienda de barrio o su medio local porque comparte IP con un servicio acusado de piratería, se envía un mensaje peligroso: el derecho a la información, a emprender o a comunicarse vale menos que el derecho de unos pocos a vender un producto concreto en exclusiva.
Qué puede hacer la sociedad civil
Aunque la asimetría de poder es evidente, la ciudadanía no está indefensa. Hay varios frentes en los que puede implicarse:
- Informarse y compartir
Comprender que estos cortes no son simples “fallos técnicos”, sino consecuencias de decisiones legales y comerciales, es el primer paso. Explicar el problema en lenguaje claro, como ya hacen algunos medios y colectivos, ayuda a que no se quede en un asunto de “cuatro frikis” - Apoyar a organizaciones que defienden derechos digitales
Asociaciones de usuarios de Internet, colectivos de ciberseguridad y entidades de defensa de derechos fundamentales están siguiendo de cerca el caso y, en algunos casos, litigando contra estos bloqueos. Su trabajo es más efectivo cuanto mayor es el respaldo social y mediático - Exigir transparencia a operadores y responsables públicos
La ciudadanía puede reclamar a operadoras, reguladores y Gobierno datos claros: cuántas IP se bloquean, cuántos dominios legítimos se ven afectados, qué mecanismos existen para excluir a terceros inocentes y cómo se supervisa todo ello. - Llevar el debate a las urnas y a las instituciones
Eurodiputados, diputados nacionales y responsables autonómicos van a tener que posicionarse cuando la Comisión plantee si convierte las recomendaciones actuales en legislación vinculante. Saber qué defienden —y votarlo en consecuencia— es una forma directa de participación democrática.
No se trata de elegir entre fútbol o derechos digitales. Se trata de dejar claro que la lucha contra la piratería debe hacerse con bisturí, no con cañones, y que ninguna industria puede tener carta blanca para romper la red a costa de todos.
Preguntas frecuentes sobre LaLiga, los bloqueos y la ciudadanía
¿Por qué debería preocupar a alguien que no ve fútbol pirata?
Porque los bloqueos no distinguen entre quien emite fútbol ilegal y quien tiene una web de recetas, una tienda local o una app de reservas. Al bloquear rangos de IP de proveedores como Cloudflare, se ven afectados miles de sitios legítimos. Cualquier persona usuaria de Internet puede encontrarse sin acceso a servicios que necesita para trabajar, estudiar o informarse, sin haber hecho nada malo.
¿Es legal que se bloqueen webs inocentes para perseguir la piratería?
Las órdenes se basan en decisiones judiciales dirigidas contra la piratería, pero el Tribunal de Justicia de la UE exige que las medidas sean estrictamente selectivas y que no afecten a internautas que acceden legalmente a la información. Cuando los bloqueos por IP arrastran a terceros, se abre la puerta a cuestionar su proporcionalidad y su compatibilidad con los derechos fundamentales.
¿Qué puede hacer quien sospecha que su web está siendo bloqueada por error?
Quien detecte caídas recurrentes coincidiendo con jornadas de liga puede documentar el problema (operadora, horarios, trazas de red) y trasladarlo a su proveedor de alojamiento, a asociaciones de usuarios de Internet o a organizaciones de defensa de derechos digitales. En última instancia, existe la vía judicial para recurrir las órdenes si se considera que dañan de forma injustificada la actividad de un tercero.
¿Se puede luchar contra la piratería sin sacrificar la libertad de Internet?
Sí. Existen medidas más finas, como la retirada rápida de contenidos concretos, la colaboración directa con plataformas, el bloqueo por URL o el refuerzo de ofertas legales atractivas. Los expertos insisten en que la piratería es un problema real, pero que debe abordarse con herramientas proporcionadas y transparentes, no con apagones masivos que convierten a toda la sociedad en daño colateral.
