España estrena un nuevo actor en la política de vivienda. Se llama CASA47 y es la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Su nombre no es casual: remite al artículo 47 de la Constitución, el que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a hacer posible ese derecho.
La intención es clara: que la vivienda deje de ser solo un bien de mercado y se convierta, de manera efectiva, en un pilar más del Estado del bienestar, al mismo nivel que la sanidad o la educación públicas.
De Sepes a CASA47: cambiar el suelo por vivienda asequible
Durante décadas, Sepes ha sido el gran urbanizador público del país. Ha gestionado y desarrollado más de 250 millones de metros cuadrados de suelo repartidos por toda España. En los últimos años, además, había ido asumiendo nuevas funciones relacionadas con políticas de vivienda.
Ahora ese recorrido culmina en una transformación profunda. Sepes pasa a ser CASA47, una empresa pública estatal cuya misión ya no se limita a preparar suelo, sino a cubrir todo el ciclo residencial: localizar y urbanizar terrenos, promover edificios, entregar las llaves y gestionar las viviendas resultantes.
El mensaje que lanza el Gobierno es contundente: lo que se construya con dinero público permanecerá en manos públicas. Es decir, no se podrá privatizar ni vender a fondos de inversión, como ha ocurrido en etapas anteriores.
Un parque público que arranca con decenas de miles de viviendas
CASA47 no arranca con las manos vacías. Desde el primer día gestionará un patrimonio considerable procedente de varias fuentes.
Una de las principales es Sareb, la sociedad que agrupó los activos tóxicos de la banca tras la crisis financiera. De ahí se han recuperado más de 40.000 viviendas y unos 2.400 suelos con capacidad para levantar otras 55.000 casas adicionales.
A ese paquete se suman inmuebles y terrenos de otros ministerios, como Defensa, Interior o Hacienda, que irán incorporándose a la cartera de la nueva entidad.
Solo en el último año, CASA47 ha licitado la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas distribuidas por toda España. Y está previsto lanzar una oferta pública de compra de 100 millones de euros para seguir ampliando el parque estatal de vivienda.
En paralelo, la entidad ha desbloqueado obras de urbanización con un gran impacto potencial en ciudades como Sevilla, Ibiza o València, y tiene en la recámara nuevas actuaciones en Málaga y Madrid, pendientes de los últimos trámites municipales.
Viviendas públicas para quedarse, no para venderse
El propósito de CASA47 es construir un parque estatal de vivienda en alquiler que no desaparezca con la siguiente crisis o cambio de ciclo.
España lleva décadas tropezando con la misma piedra: se construyen viviendas protegidas, se entregan con algún tipo de ayuda o precio limitado y, pasado un tiempo, muchas acaban vendiéndose y regresan al mercado libre. O directamente se transfieren a fondos de inversión, alejando esas casas de cualquier función social.
La nueva entidad quiere cortar ese patrón. Las viviendas que entren en su parque —ya sean nuevas promociones, inmuebles recuperados de Sareb o suelos públicos transformados— se destinarán al alquiler asequible y se mantendrán siempre en manos del Estado.
Contratos más largos y alquiler ligado a la renta
Una de las grandes novedades está en el modelo de arrendamiento. CASA47 podrá ofrecer contratos de hasta 75 años. Estarán estructurados en dos fases:
- Un primer contrato de 14 años de duración.
- Prórrogas automáticas de 7 años siempre que la persona inquilina siga cumpliendo la mayoría de las condiciones de acceso.
La idea es dar estabilidad a las familias, que no tengan que renegociar cada pocos años con la incertidumbre de una posible subida brusca o de no renovación.
El precio del alquiler también cambia de lógica. No se fijará solo a partir del coste de construcción o del valor del suelo, sino de lo que la gente puede pagar sin ahogarse. CASA47 establece que ningún alquiler podrá superar el 30 % de la renta media del territorio donde se ubique la vivienda, con topes específicos por comunidades autónomas.
Por primera vez, el esfuerzo económico de los hogares se coloca en el centro del cálculo.
¿A quién van dirigidas estas viviendas?
La nueva entidad quiere llegar sobre todo a la clase media y trabajadora, ese segmento que suele quedar en tierra de nadie: no cumple los criterios para acceder a vivienda social, pero tampoco puede asumir los precios del mercado libre sin destinar buena parte del sueldo al alquiler.
Las promociones de CASA47 se orientarán al 60 % de la población cuyos ingresos se sitúan entre 2 y 7,5 veces el IPREM (el indicador de referencia de rentas en España).
Quienes tienen ingresos inferiores seguirán siendo atendidos a través de la vivienda social, mientras que se considera que las rentas más altas cuentan con margen suficiente para alquilar en el mercado privado sin apoyo público.
Un portal online para pedir vivienda a partir de 2026
Para simplificar trámites y acercar la gestión a la ciudadanía, está prevista la creación de un portal online específico. La puesta en marcha se espera para 2026.
A través de esta plataforma, las personas interesadas podrán:
- Ver las promociones disponibles y su ubicación.
- Consultar los requisitos de acceso de cada convocatoria.
- Presentar solicitudes y aportar documentación.
- Firmar contratos de forma telemática.
- Comunicarse con la administración una vez que ya estén viviendo en una vivienda de CASA47.
La intención es que cualquier persona con conexión a internet pueda seguir todo el proceso, desde la solicitud hasta la firma, sin tener que encadenar citas presenciales.
Un nuevo paso hacia la vivienda como derecho
CASA47 llega en un contexto de precios elevados, salarios tensionados y debate constante sobre la dificultad para emanciparse o formar un hogar. La nueva entidad no resolverá por sí sola todos los problemas del mercado inmobiliario, pero sí busca aportar una pieza que hasta ahora faltaba: un parque estatal de alquiler asequible, estable y protegido de la especulación.
Si logra consolidarse en el tiempo y seguir sumando viviendas, será una herramienta clave para que el derecho constitucional a una vivienda digna empiece a notarse no solo en el Boletín Oficial, sino en la vida cotidiana de miles de hogares.
Fuente: Noticias de Madrid
