Catorce empresas y asociaciones del sector de las telecomunicaciones han pedido a la Comisión Europea que intervenga en la revisión de las condiciones económicas que regulan el acceso a los conductos y canalizaciones de Telefónica. Orange, Vodafone y Digi encabezan una iniciativa que busca evitar que la propuesta del operador eleve hasta un 116 % los costes recurrentes de acceso a estas infraestructuras durante el periodo planteado. Los firmantes reclaman que Bruselas supervise el proceso antes de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) adopte una decisión sobre el nuevo marco regulatorio.
Las claves del alquiler de los conductos de Telefónica en 20 segundos
- Catorce empresas y asociaciones han solicitado la intervención preventiva de la Comisión Europea.
- Telefónica propone modificar las condiciones económicas de la oferta MARCo, que regula el acceso a sus canalizaciones.
- La propuesta contempla una subida inicial del 30 % y nuevos incrementos durante los años siguientes.
- Los operadores alternativos advierten de posibles efectos sobre la competencia y el despliegue de fibra.
- La CNMC debe decidir cómo queda la regulación y qué condiciones económicas se aplicarán finalmente.
La disputa afecta a una infraestructura menos visible que las redes de fibra, pero necesaria para buena parte de su despliegue: los conductos, registros, arquetas y postes que permiten instalar cables sin construir una red de obra civil completamente nueva. Telefónica mantiene una parte importante de esta infraestructura, heredada de su etapa como operador histórico, y otros proveedores pueden utilizarla en las condiciones establecidas por la regulación.
El conflicto enfrenta dos planteamientos. Telefónica defiende una actualización de las tarifas y un marco con mayor previsibilidad contractual. Sus competidores sostienen que los cambios propuestos elevarían sus costes y podrían debilitar las condiciones que permiten competir con el operador que controla buena parte de estas canalizaciones.
Qué propone Telefónica y cómo se calcula la subida
La oferta mayorista de acceso a registros y conductos, conocida como MARCo, establece las condiciones técnicas y económicas que Telefónica debe ofrecer a otros operadores para que puedan desplegar sus redes de fibra mediante sus infraestructuras físicas. La CNMC supervisa esta oferta y determina las condiciones reguladas aplicables.
El procedimiento no parte de cero. En junio de 2025, la CNMC aprobó una revisión de los precios de MARCo que elevó las cuotas mensuales recurrentes un 11 % de media y las cuotas de alta y otros servicios no recurrentes un 14,6 %. La actualización se basó en un modelo de costes y se notificó a la Comisión Europea.
La propuesta posterior de Telefónica plantea cambios adicionales. Según la documentación de compromisos publicada por la CNMC, la compañía contempla un periodo de vigencia de cinco años, prorrogable durante uno más, con una subida inicial del 30 % en las cuotas recurrentes. A continuación, propone incrementos anuales del 16,96 % durante los tres años siguientes y ajustes equivalentes al IPC previsto del 2 % en los dos últimos. Las cuotas no recurrentes se mantendrían sin cambios en esa propuesta.
La cifra acumulada que centra el rechazo de los operadores es una subida de alrededor del 116 % durante el periodo considerado en las informaciones sobre la propuesta. No se trata, por tanto, de un incremento inmediato de esa magnitud, sino del efecto acumulado de varias actualizaciones planteadas a lo largo de varios años.
La diferencia importa porque el coste que afronta cada operador dependerá de las infraestructuras que utilice, el volumen de accesos y las condiciones que finalmente apruebe el regulador. La propuesta de Telefónica tampoco equivale a una decisión definitiva: la CNMC debe resolver el procedimiento y determinar el marco aplicable.
Catorce empresas buscan que Bruselas supervise el proceso
La carta remitida a la Comisión Europea solicita que las instituciones comunitarias intervengan antes de que la CNMC adopte una decisión sobre el futuro de MARCo. Los firmantes quieren que Bruselas examine la compatibilidad de cualquier modificación con la normativa europea y, si lo considera necesario, ejerza sus competencias de supervisión.
Entre los destinatarios figuran Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia; Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva responsable de competencia; Roberto Viola, director general de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología, y Anthony Whelan, director general de Competencia.
La iniciativa reúne a operadores de distintos tamaños y empresas dedicadas a la infraestructura de telecomunicaciones. Además de Orange España, Vodafone España y Digi España, figuran Adamo, Avatel Telecom y Astel. También participan las asociaciones Aotec y Acutelan, junto con las compañías de infraestructuras Onivia, Lyntia Networks, Colt Technology, Aire Networks, Premiumfiber y Elanta.
La petición busca que la Comisión Europea examine el marco antes de que exista una decisión definitiva de la CNMC. Los operadores consideran que un cambio en las condiciones de acceso podría afectar al funcionamiento del mercado mayorista y a las inversiones de las empresas que dependen de las canalizaciones de Telefónica.
Su argumento central es que los precios deben seguir vinculados a los costes y que no se han producido cambios en las condiciones de competencia que justifiquen, a su juicio, una relajación de las obligaciones actuales. También alertan del riesgo de que los operadores alternativos pierdan capacidad para desplegar sus propias redes en condiciones competitivas.
Por ahora, la carta expresa la posición de las empresas firmantes. No implica que la Comisión Europea haya aceptado su petición ni que haya ordenado suspender el procedimiento. La decisión sobre la regulación corresponde a la CNMC, dentro del marco de sus competencias y de las obligaciones europeas aplicables.
Por qué las canalizaciones afectan a la competencia en la fibra
El acceso a los conductos reduce la necesidad de abrir zanjas, instalar nuevas canalizaciones y asumir el coste completo de la obra civil. Para los operadores alternativos, poder utilizar infraestructuras existentes puede marcar la diferencia entre desplegar fibra en una zona a un coste asumible o tener que limitar su inversión.
La escala de MARCo ayuda a entender el alcance de la disputa. En junio de 2025, la CNMC indicó que alrededor de 370 operadores utilizaban este servicio para acceder a más de 120.000 kilómetros de subconductos y más de dos millones de arquetas. La oferta lleva en funcionamiento desde 2009.
Una modificación de precios puede repercutir en los planes de expansión de las compañías, especialmente en aquellas que necesitan alquilar grandes cantidades de infraestructura para cubrir nuevas zonas. Sin embargo, el efecto final dependerá de la estructura de costes de cada operador y de las condiciones que establezca la resolución regulatoria.
Los firmantes sostienen que un encarecimiento de este acceso podría reducir los incentivos para invertir y afectar a la competencia en los servicios de conectividad. Telefónica, por su parte, defiende la necesidad de adaptar las condiciones económicas y ha propuesto un periodo de vigencia plurianual que aporte previsibilidad.
La CNMC tendrá que valorar las propuestas y alegaciones de las partes, además de los objetivos de competencia y los criterios regulatorios aplicables. La cuestión no se limita a cuánto cuesta utilizar una canalización: también afecta a cómo se distribuyen los costes de una infraestructura esencial para desplegar redes de fibra y a las condiciones en las que pueden competir los operadores.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la oferta MARCo de Telefónica?
Es la oferta mayorista que establece las condiciones técnicas y económicas para que otros operadores accedan a conductos, registros, arquetas y postes de Telefónica y desplieguen sus propias redes de fibra.
¿Cuánto quiere subir Telefónica el alquiler de sus conductos?
La propuesta contempla una subida inicial del 30 % en las cuotas recurrentes, seguida de incrementos anuales durante los años posteriores. Las informaciones sobre el procedimiento sitúan el aumento acumulado en torno al 116 % durante el periodo considerado.
¿Qué empresas han pedido la intervención de Bruselas?
La iniciativa reúne a catorce empresas y asociaciones, entre ellas Orange, Vodafone, Digi, Adamo, Avatel, Aotec, Acutelan, Onivia, Lyntia Networks, Colt Technology, Aire Networks, Premiumfiber y Elanta, además de Astel.
¿Puede la Comisión Europea impedir la subida?
Los firmantes han pedido que Bruselas supervise el proceso y examine la compatibilidad de una eventual modificación con el derecho comunitario. La regulación debe ser resuelta por la CNMC y, por ahora, no consta que la Comisión Europea haya ordenado bloquear la propuesta.
