Pese a que la legislación ha prohibido expresamente las llamadas comerciales no solicitadas, comúnmente conocidas como spam telefónico, estas prácticas no han desaparecido. La OCU señala que, a día de hoy, la aplicación de la normativa sigue siendo «deficiente».
Grandes empresas del sector de telecomunicaciones, como Telefónica o Vodafone, han afirmado a diversos medios de comunicación que todas sus llamadas se realizan con el debido consentimiento de los usuarios y que cumplen con la ley vigente. No obstante, Orange, el segundo operador más grande del país, ha preferido mantenerse al margen sin hacer comentarios. Pero además de estos operadores principales existen multitud de OMV (Operadores Móviles Virtuales) que hacen uso de la red de los principales, como pueden ser Mas Móvil, Aire networks, etc.
Cabe recordar que, según estimaciones de la OCU previas a la implementación de esta prohibición, alrededor de la mitad de estas llamadas provenían precisamente de operadores de telefonía.
Desde el 30 de junio, y a raíz de la promulgación de la Ley General de Telecomunicaciones, las empresas que realicen estas llamadas spam pueden enfrentarse a sanciones. Esta ley, publicada en el BOE el 29 de junio de 2022, introdujo una cláusula específica que prohíbe estas prácticas.
Aunque la normativa otorgó un año de adaptación para que las empresas se ajustaran a esta nueva regulación, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya tiene potestad para penalizar a aquellas compañías que infrinjan la ley.
La AEPD, por el momento, no ha proporcionado información acerca de las posibles quejas recibidas desde la entrada en vigor de la norma. Por su parte, la OCU tampoco ha compartido datos específicos sobre reclamaciones, aunque sí ha afirmado que, basándose en la información que maneja, la aplicación de la normativa es insatisfactoria.
Al parecer, algunas compañías están intentando aprovecharse de ciertas excepciones contempladas en la ley, aunque interpretando estas de manera muy laxa.
Antes de que la prohibición entrara en acción, la OCU ya había advertido de la dificultad para identificar a las empresas detrás de estas llamadas. De hecho, se pudo determinar la empresa responsable en apenas el 10% de los casos.
Telefónica ha declarado que ha tomado medidas para garantizar que todas las llamadas se realicen con el consentimiento del cliente, haciendo hincapié en la formación de su personal. Del mismo modo, Vodafone ha afirmado estar completamente alineado con las nuevas obligaciones legales, y que no se realizan llamadas comerciales sin el debido consentimiento.
El debate está servido y, mientras las grandes telecos defienden su posición, usuarios y entidades como la OCU siguen denunciando malas prácticas en el sector. La vigilancia y el control se presentan como herramientas esenciales para garantizar el cumplimiento de una normativa que busca proteger los derechos de los usuarios.
